«Para la diplomacia una cuestión aplazada ya está resuelta.»
André Maurois
Tras más de 12 horas de discusión, la reforma judicial del presidente López Obrador fue aprobada en la Cámara de Diputados, remitiéndose al Senado de la República para el mismo propósito en forma de minuta y, hecho lo anterior, se mandará para la aprobación por la mayoría de las legislaturas de los estados, proceso que se espera concluirá en los próximos días.
Los argumentos y contraargumentos de quienes están a favor y los que se oponen ya no son novedosos; ya están muy oídos, pero la estrategia de contención de quienes se resisten, se ha centrado desde hace varias semanas no en datos objetivos, estadísticas, tesis o estudios, sino a base de la descalificación y la desinformación para intentar convencer de que postura política tiene el objetivo de preservar el bienestar, la estabilidad y el sistema jurídico mexicano.
Ya se esperaba que el debate, declaraciones, mítines, plantones y protestas fueran intensos, no hubo sorpresas. Lo que sí llamó la atención fue la reacción de los embajadores en México, de Estados Unidos y Canadá, que manifestaron de forma particular su preocupación sobre los efectos y consecuencias que podría tener esta reforma. Casi de forma sincronizada dieron a conocer sus posturas ante distintos medios de comunicación.
La reacción por parte del presidente constitucional y de la presidenta electa fue natural, hicieron patente su postura en contra de la intromisión extranjera y exigieron el pleno respeto del ejercicio de decisión soberano del país en este asunto.
Es verdad que la relación económica que se ha venido intensificando en los últimos años entre los países de América del Norte, con la suscripción del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha coadyuvado a que nuestro país por primera vez en la historia se convierta en el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero esto no otorga posibilidad alguna para que una autoridad extranjera pretenda influir con declaraciones estrambóticas en asuntos que le conciernen exclusivamente al pueblo mexicano.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, luego de guardar silencio unos días ante los medios de comunicación, reapareció esta semana para señalar que sus declaraciones denotan una forma de intervencionismo. Pero al mismo tiempo, insistió en que en su país hay varias preocupaciones por la reforma, y que esta puede acarrear muchísimo daño a la relación bilateral. Es pertinente hacer la siguiente pregunta: ¿Los dichos del embajador vienen dictados desde alguna oficina de Washington o se tratan de una postura aislada de un funcionario que muy probablemente abandone su cargo luego de la elección presidencial de su país?
Ante esto, las autoridades mexicanas han sido cautas, pues es evidente que las declaraciones de Salazar, como representante de un gobierno extranjero, tienen influencia política interior y exterior, que transgrede los principios correlativos de soberanía que implican el libre ejercicio del poder de autodeterminación de la forma de gobierno de un Estado, así como el reconocimiento y no injerencia de otro. La diplomacia pretendida por el embajador rebasó los límites de la soberanía y esto es algo que quedará para historia, ¿cuáles fueron las motivaciones que lo orillaron a incurrir en faltas al actuar profesional de cualquier diplomático en el mundo?
Mientras la reforma al Poder Judicial sigue avanzando en su proceso constitucional, es evidente que las presiones al interior y al exterior continuarán, sin que existan más argumentos que sean capaces de convencer o cambiar una postura que ya es mayormente generalizada. El pasado dos de junio las y los mexicanos votaron por una forma de gobierno que pone al pueblo en el poder, que prioriza la atención de los grupos socialmente vulnerables, esto debe respetarse.
Lo que verdaderamente está en juego es la búsqueda y el encuentro de un sistema jurídico confiable, alejado de la corrupción, que lleve a la impartición de la justicia pronta y expedita. En resumen, que se empiece a construir el andamiaje jurídico y social de un Estado de derecho sólido que proteja a todos.
