«Mejor hombres buenos que leyes buenas.»

Sacarías.

Luego de que se realizaran los tres primeros foros, de ocho que se llevarán a cabo respecto a la reforma al Poder Judicial, se puede hablar de una serie de consensos generales por parte de los participantes entre los que se encuentran ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros del Consejo de Judicatura Federal, presidentes de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, legisladores, representantes del Ejecutivo Federal, académicos y litigantes, entre otros. Incluso algunos integrantes de la oposición han dado muestra de tener coincidencias respecto a que es necesario transformar al poder antes mencionado. Uno de los puntos que más molesta a la sociedad en general, es que durante muchos años se ha visto cómo diversos juzgadores y servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial han llevado una vida de lujos a cuestas del erario público. Vivimos en un país dónde la justicia pronta y expedita es un anhelo y no una realidad. Incluso algunos de los lectores de este artículo han sido víctimas de algún acto de corrupción, influyentismo o nepotismo.

También existe consenso en que debe ser sustituido el Consejo de la Judicatura Federal, para dar paso a un órgano de administración judicial independiente separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte, así como de un Tribunal de Disciplina Judicial que se encargue de conocer los casos en que los funcionarios judiciales se aparten de la legalidad en sus actuaciones e impongan las sanciones que resulten aplicables. Con esta modificación se pretende acabar con el interés propio, el amiguismo de autoprotección, la percepción de corporativismo y por medio de un mecanismo de control eficaz que evalúe, con independencia, ajeno a inercias o parcialidades institucionales, la actuación de las personas titulares de órganos jurisdiccionales.

Asimismo, todos están de acuerdo en la reforma al artículo 17 de la Constitución Federal, para establecer un tiempo perentorio de seis meses para que

sean resueltos los juicios en materia tributaria, aunque también han existido pronunciamientos a que se amplíen las materias en las que aplique esta regla.

El tema más controversial sigue siendo la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, no obstante, se ha visto que el consenso no está tan lejos de llegar. Mayormente, quienes cuentan con una posición adversa a la reforma, plantean que en todo caso podría implementarse de forma gradual, esto es, que se presente la elección de estos funcionarios judiciales cuando se presenten vacantes en los puestos, a fin de que no sean separados del cargo quienes actualmente lo desempeñan. Propuesta que, sorpresivamente para muchos, el presidente, Andrés Manuel López Obrador no ha visto con malos ojos, pues se pronunció con agrado de que se estén planteando alternativas por los distintos sectores sociales para generar consenso del rumbo que habrá de tomar la reforma al Poder Judicial en el País, siempre y cuando, así lo sostuvo el presidente, no sean tácticas dilatorias para postergar la implementación de esta reforma.

No tengo dudas de que la reforma al Poder Judicial se materializará y revolucionará la impartición de justicia en el país. Cicerón sostuvo, que no hay mayor injusticia que buscar premio en la injusticia. La justicia el día de hoy es un ideal, con la reforma judicial se convertirá en estandarte irreductible que trascenderá a la función que realizarán los empleados judiciales día con día.

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