«En la naturaleza está la preservación del mundo.»
Henry David Thoreau
En 1986, bajo el sexenio de Miguel de la Madrid, comenzó la concesión a la empresa Calizas Industriales del Carmen (CALICA), propiedad de la estadounidense Vulcan Materials, para la explotación de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo. El entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís, junto con el gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, aprobaron esta operación extractiva que se ha desenvuelto en un conflicto ambiental, social y jurídico que ha persistido durante más de 30 años.
Bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, la concesión se extendió en tiempo y las causales de revocación se reformaron, haciéndolas menos exigentes. En noviembre de 2000, al final del sexenio de Ernesto Zedillo, la titular de la entonces Secretaría de Medioambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo, amplió la autorización de extracción de piedra caliza; inclusive por debajo del manto freático, lo que incrementó significativamente el impacto ambiental en la región. Esta explotación afectó gravemente los acuíferos, flora y fauna, destruyendo cenotes y ecosistemas clave.
Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano ha tomado una postura firme contra Vulcan Materials, acusando a la empresa de realizar un ecocidio. En 2022 el gobierno federal clausuró la cantera Sac-Tun, así como los permisos de operación del muelle Punta Venado, donde se realizaba la exportación del material extraído, y desde entonces, el presidente ha impulsado la creación de un Área Natural Protegida en la zona, con el fin de detener la explotación minera.
Tras la negativa de Vulcan Materials, de acceder a una negociación para la adquisición por parte del gobierno federal de los predios donde se llevan a cabo estas actividades de explotación, el pasado 23 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual se declaró como Área Natural Protegida a una superficie de más de 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel en Quintana Roo, que incluyen las minas concesionadas a Calica, que se sustentó en la necesidad de proteger el derecho humano a un medioambiente adecuado consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, considerando a las especies animales, vegetales, recursos hídricos y formaciones geológicas, que han sido objeto de un daño ambiental considerable con la extracción de piedra caliza que se realiza.
Ya antes Vulcan Materials ha recurrido a instancias internacionales, para presentar una demanda contra el Estado mexicano por lo que consideran una violación de sus derechos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de intentar obtener compensaciones por el cese de sus actividades. El conflicto ha escalado a nivel diplomático, y senadores estadounidenses como Tommy Tuberville, Katie Britt, Bill Hagerty y Tim Kaine han expresado su apoyo a la empresa, por lo que, en mayo de 2024, enviaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, instando al gobierno a detener lo que consideran un trato injusto.
Este asunto es un ejemplo emblemático del dilema entre desarrollo económico y conservación ambiental. Las actividades extractivas en la región han causado un daño ambiental irreparable, lo que ha llevado al gobierno mexicano a declarar la zona como protegida. El conflicto sigue vigente, no obstante que el artículo tercero transitorio del decreto establece que los permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por las dependencias competentes con anterioridad a su entrada en vigor, continuarán vigentes hasta que dejen de surtir efectos; lo cual puede encontrarse sujeto a un procedimiento donde se dé garantía de audiencia a la empresa y sea materia en siguientes controversias judiciales. Además, de que continúe siendo un tema de tensión diplomática entre México y Estados Unidos en los próximos años.
La protección de nuestro entorno no es sólo un deber legal, sino un imperativo moral; cada paso hacia la conservación es una garantía de vida para las generaciones futuras.
