El artículo 41 constitucional y las leyes electorales definen a los partidos políticos como entidades de interés público y determinan sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Éstas últimas incluyen el otorgamiento de financiamiento público que, de acuerdo con la Constitución, debe prevalecer sobre los recursos de origen privado. El dinero público otorgado a los partidos políticos ha sido un tema de debate y polémica permanente. En ambas cámaras del Congreso están registradas iniciativas que proponen su eliminación, reducción o el cambio en las reglas para su redistribución. Al respecto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados circuló un dictamen que propone la reducción del financiamiento público a la mitad.
El financiamiento público se otorga a los partidos políticos para tres actividades: ordinarias permanentes, de campaña y las de carácter específico que se destinan a la educación, capacitación, investigación y tareas editoriales. El financiamiento para actividades ordinarias se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El 30% de ese monto se distrubuye de forma igualitaria entre todos los partidos y el 70% restante de manera proporcional a los votos obtenidos por cada fuerza política en la última elección para diputados federales. Además, el 3% del financiamiento ordinario está etiquetado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Cada año, el INE aplica esa fórmula y ministra mensualmente las prerrogativas. El monto total de financiamiento público federal para el próximo año asciende a 5 mil 239 millones de pesos. Es importante señalar que, independientemente de que nuevos partidos logren obtener su registro durante el segundo semestre del 2020, esa bolsa no crecerá. Si avanza la reforma constitucional para reducir la proporción de UMA empleada en el cálculo al 32.5%, el financiamiento público disminuirá a la mitad.
Las leyes electorales imponen a los partidos políticos el cumplimiento de distintas obligaciones: funcionamiento permanente de sus órganos estatutarios, mantenimiento de su padrón de militantes, tareas editoriales de divulgación, obligaciones en materia de fiscalización y transparencia, entre otras. La Ley General de Partidos Políticos establece una estructura mínima de órganos internos que incluye una asamblea y un comité nacional o equivalentes, órganos responsables de la administración de su patrimonio y de la educación y capacitación de militantes, además de cuerpos colegiados responsables de la organización de sus procesos internos y de la impartición de justicia intrapartidaria. Adicionalmente, los partidos políticos nacionales replican, por mandato de ley, estas estructuras en comités estatales con un domicilio social en cada entidad.
Las leyes electorales han propiciado la burocratización de las estructuras partidistas y los partidos han hecho poco para incentivar que los militantes aporten para su sostenimiento. En promedio, los partidos políticos reportan en su gasto ordinario que el 34% de sus recursos se erogan en sueldos y salarios de sus dirigentes y estructuras, el 22% se destina al pago de multas, 11% en gasto programado relacionado con actividades específicas y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y 5% en propaganda de periodo ordinario. El resto de los recursos se destinan a servicios generales, arrendamiento y mantenimiento de inmuebles donde se encuentran alojados sus órganos internos, eventos y gastos administrativos diversos. Los partidos políticos tienen la obligación de rendir un informe anual sobre sus ingresos y gastos, y desde 2018 deben reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado anualmente, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-RAP-758/2017).
En México, el financiamiento público se construyó a partir de la desconfianza en el dinero privado y se pensó como una salvaguarda contra la corrupción electoral. Sin embargo, los escándalos políticos y la desvinculación de los partidos con la sociedad han generado una creciente impopularidad sobre el monto de dinero público que se invierte en la política. El debate sobre la reducción del financiamiento público a los partidos debe tomar en cuenta el impacto que en el corto y mediano plazo tendría sobre su funcionamiento. Racionalizar los recursos no es mala idea, pero debilitar a los partidos financieramente sin un diagnóstico integral podría traer más costos que beneficios para nuestra democracia.
Especialista en temas electorales.
