En la década de 1980 se hizo bastante popular la película ¿Y dónde está el piloto ?, en la que se narraban diversas situaciones de emergencia, en pleno vuelo, ante la ausencia o ineptitud del capitán. Algo parecido sucedió en Perú , donde tres presidentes asumieron el cargo en menos de una semana. Incluso, tras la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral para ejercer el cargo y la posterior dimisión del gobierno interino encabezado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, el país andino quedó acéfalo por horas.
La historia del enfrentamiento entre poderes no es nueva y se agrava por la falta de compromiso democrático de sus élites y el arreglo institucional semiparlamentario que requiere políticos dispuestos a construir consensos. En Perú, el presidente cuenta con un instrumento para solicitar al Congreso el respaldo a una política, iniciativa o decisión de gestión gubernamental: la cuestión de confianza. Al igual que en los sistemas parlamentarios, la constitución andina otorga al presidente la potestad de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones si éste le niega dos veces la cuestión de confianza durante su mandato. Ante los diferendos con el Congreso por la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Vizcarra utilizó esa facultad el año pasado.
Por su parte, el Congreso puede destituir al presidente al aprobar la causal de vacancia por incapacidad moral para ejercer el cargo. Esta claúsula, redactada hace más de un siglo, ha servido como instrumento de control político. Técnicamente, una mayoría legislativa puede usar la declaración de vacancia para deponer a un presidente legítimamente electo y provocar una crisis política mayúscula, tal y como sucedió hace unos días.
La tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso tiene su origen en las elecciones presidenciales de 2016, en las que Pedro Kuczynski venció a Keiko Fujimori, pero el partido político de la hija del expresidente logró la mayoría legislativa. Desde ese momento la gobernabilidad en Perú ha sido frágil y la clase política ha estado envuelta permanentemente en el escándalo. Tras la renuncia de Kuczynski, el vicepresidente Vizcarra asumió el poder sin apoyo de una bancada en el Congreso. Su presidencia fue débil institucionalmente, pero logró el respaldo de la opinión pública por las acciones emprendidas en contra de la corrupción. Sin embargo, tras el mal manejo de la pandemia, el apoyo fue disminuyendo y una mayoría legislativa aprovechó el momento para forzar su salida declarando la vacancia por incapacidad moral.
Perú atraviesa una larga crisis política por casos de corrupción. Durante veinte años, sus últimos cinco presidentes se han involucrado en escándalos de talla internacional: Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, desvío de fondos públicos y secuestro; Alejandro Toledo está combatiendo el pedido de extradición; Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están bajo procesos judiciales por la trama Odebrecht y Alan García se quitó la vida con un balazo en la cabeza después de que se hiciera pública una orden de detención por el mismo caso.
La crisis institucional peruana refleja la descomposición de su élite gobernante. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, los niveles de confianza ciudadana sobre las instituciones se encuentran en los últimos lugares de América Latina. Durante los últimos días, las protestas en contra de la destitución de Vizcarra se agudizaron. La muerte de dos jóvenes que se manifestaban provocó la dimisión del presidente interino, Manuel Merino. El Congreso eligió nueva mesa directiva y, con ello, una nueva presidencia bajo el mando de Francisco Sagasti, quien deberá conducir el país hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 11 de abril de 2021.
Perú carga la pesada herencia fujimorista: instituciones y políticos que ejercen el poder con autoritarismo y poco compromiso democrático, liderazgos oportunistas. Algunos sectores de la sociedad peruana sugieren la salida chilena: un constituyente que renueve el pacto social. La situación es compleja y Perú requiere un político profesional con respaldo popular que comande los esfuerzos institucionales que den estabilidad y rumbo al país, sin turbulencias.