El pasado 30 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por las que declaró la validez de la elección de la gubernatura en favor del candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”. El TEPJF acreditó diversas irregularidades relacionadas con la incidencia de grupos criminales, pero no fueron suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura; sin embargo, sí anuló las elecciones de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, todos pertenecientes a la región de Tierra Caliente, territorio disputado por bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico.
La literatura académica reconoce al menos dos acepciones sobre la violencia electoral: como un subconjunto de actividades dentro de un conflicto político de mayor magnitud, la mayoría de las veces por confrontación étnica dentro de sociedades divididas, o como el uso intencional de la fuerza para influir en los resultados electorales. La violencia durante los procesos electorales suele ser empleada por dos actores: gobiernos y partidos políticos, para permanecer en el poder o perjudicar a sus contendientes, o por grupos criminales, que buscan amedrentar a sus opositores, así como apoyar a políticos aliados. El uso intencional de la fuerza por grupos criminales para influir en la política es predominantemente un fenómeno local.
Los grupos criminales pueden atacar a las autoridades locales en un intento por extraer recursos económicos y emplearlos para fortalecer su presencia. Esta estrategia de captura de rentas se activa cuando la cantidad de recursos que pueden obtener supera los costos de corromper o coaccionar. Si logran capturar las elecciones locales pueden obtener diversos beneficios, entre ellos, mayores facilidades para su desplazamiento, menos obstáculos para el lavado de dinero o protección de la policía. Por tales motivos, las campañas electorales estimulan la violencia.
En su resolución y por mayoría de votos, el TEPJF incluyó una instrucción al INE para crear una política electoral nacional en la cual, reconociendo el problema y peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos al respecto. El combate a la violencia es responsabilidad de todo el Estado mexicano. Las autoridades en todos los niveles de gobierno tienen, en el ámbito de su competencia, el deber de actuar en contra de este terrible fenómeno. Sin embargo, el limitado alcance de la estrategia federal está demostrando que el Estado va perdiendo la batalla. El desafío no es menor y la coordinación entre distintas autoridades es indispensable.
Especialista en temas político-electorales y profesor en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
Twitter: @jorge_egren
