México y el mundo viven uno de los momentos más drámaticos en materia de salud pública por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Los casos confirmados en todo el mundo superan los 2 millones y las muertes registradas por el virus están por alcanzar una cifra de seis dígitos: 150 mil personas. Con el modelo centinela, México registra más de 6 mil casos confirmados y casi medio millar de defunciones. Del total de casos, el 36% han requerido hospitalización. Los recursos para atender la epidemia son límitados y el sistema de salud estará operando muy pronto al tope de su capacidad. Al entrar en la fase 3, la de mayor transmisión del virus, el riesgo principal es que se sature el sistema nacional de salud a pesar de la reconvención hospitalaria y la expansión de las instalaciones con el apoyo de hospitales privados, la Marina y las fuerzas armadas.
Ante estos hechos lamentables, diversos actores políticos han propuesto que el gobierno se allegue de recursos adicionales por distintas vías para atender la contingencia. Una de ellas es la renuncia al financiamiento público que reciben anualmente los partidos políticos. Ante esta posibilidad, el Consejo General del INE aprobó los criterios a los que deberán sujetarse las fuerzas politicas nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento público con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.
El antecedente inmediato de la renuncia a las prerrogativas partidistas fue el dinero destinado a las tareas de reconstrucción y apoyo a las personas damnificadas por los terremotos de septiembre de 2017. En esa ocasión, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social manifestaron su intención de renunciar al financiamiento público federal.
El INE, previa consulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó el mecanismo que permitió a estos partidos renunciar a su financiamiento ordinario con la previa manifestación de su consentimiento para reintegrarlo a la Tesorería de la Federación.
Como entidades de interés público, los partidos políticos tienen distintas obligaciones que cumplir con relación a las prerrogativas que reciben. Con independencia de la la renuncia a su financiamiento, los institutos políticos no pueden incumplir obligaciones legales, tales como: el reintegro de los remanantes de financiamiento público no ejercido o comprobado, las multas impuestas en resoluciones que están firmes o los recursos etiquetados para actividades específicas o la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Además, deben de cumplir con el principio constitucional de prevalencia del dinero público sobre el privado y, en el supuesto del otorgamiento del registro a nuevos partidos, el INE deberá redistribuir los recursos que se ministrarán a los de registro vigente para otorgarselos a los nuevos.
Los criterios aprobados por el Consejo General del INE se hacen cargo al delimitar el alcance de la renuncia al financiamiento público federal ordinario considerando las deducciones por remanentes y sanciones, así como el cumplimiento de las obligaciones partidistas en materia de fiscalización. Una vez aplicada la renuncia consentida por los órganos estatutarios facultados para ello, el monto será reintegrado a la Tesorería de la Federación, sin que la autoridad electoral pueda realizar la supervisión de la aplicación de los recursos transferidos, pues no cuenta con las facultades para ello. Tocará a la SHCP administrar y aplicar los montos deducidos de acuerdo con la normatividad presupuestaría y a los partidos políticos confiar en su adecuada administración.
En 2017, ante la desconfianza sobre el uso y destino de los recursos manejados por el gobierno federal para beneficiar a los damnificados de los terremotos, Morena decidió no renunciar a sus prerrogativas y promovió entre sus militantes y simpatizantes la constitución del polémico Fideicomiso “Por los demás”. En esta ocasión, ya en el gobierno, Morena solicitó al INE la renuncia al 50% de su financiamiento público ordinario a fin de canalizarlo al sistema de salud pública. La lección es clara. En todo momento se requiere transparencia e imparcialidad en el uso y destino del dinero canalizado al combate del coronavirus, no solamente en los que deriven de la renuncia partidista.
