El pasado 10 de abril se realizó el primer ejercicio de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del Presidente en caso de la pérdida de confianza. Para detonar el proceso, el INE recibió 11.1 millones de firmas solicitando el inicio del proceso de revocación de mandato del Ejecutivo federal, la mayoría de ellas por un motivo distinto al establecido en la Constitución. El ejercicio se convirtió en un termómetro de la popularidad del Presidente y terminó con una jornada donde 82% de la ciudadanía decidió no participar. Esa cifra describe cierto desdeño a un ejercicio de participación promovido desde y para el poder.
La consulta requería que, al menos, 37.3 millones de personas manifestaran su sentir en las urnas para que fuese vinculante y adquiriera obligatoriedad su resultado, es decir, 40% del listado nominal. Si bien la consulta no tendrá efectos jurídicos por el bajo nivel de participación, sus implicaciones políticas son relevantes:
Primero
, el INE sale fortalecido. Como en todos los procesos electorales, la autoridad electoral capacitó y coordinó exitosamente a la ciudadanía que recibió y contó los votos en las más de 57 mil casillas instaladas en todo el territorio nacional, sin incidentes mayores. El modelo ciudadanizado de organización de los comicios es complejo operativamente y costoso; sin embargo, demuestra con creces su efectividad e inyecta legitimidad al sistema electoral, a pesar de que la ley reglamentaria se emitió a destiempo, el INE sufrió un recorte presupuestal sin precedentes y diversos actores políticos violaron las reglas por ellos mismos aprobadas.
Segundo
, el Presidente ratifica su alto nivel de popularidad. Al obtener una votación favorable donde más de 15 millones de las personas expresaron su deseo porque continúe en el cargo, se confirma el piso mínimo de la base electoral del mandatario y su partido. En 2018, el presidente obtuvo 30.1 millones de votos; sin embargo, únicamente 20.4 de ellos apoyaron a Morena en la elección de diputaciones federales. En la elección intermedia de 2021, la coalición oficialista alcanzó 20.8 millones de votos, de ellos, 16.7 correspondieron a Morena. El proceso de revocación fue un buen termómetro para medir el voto duro del oficialismo. Los 15 millones de apoyos es una cifra considerable porque la jornada del domingo fue un round de sombra, sin opositores en la boleta y al inicio del periodo vacacional de Semana Santa.
Tercero
, la capacidad de movilización de la base de apoyo de Morena y el Presidente demostraron una capacidad diferenciada territorialmente. Consolidan su fuerza en el sur-sureste con niveles de participación destacables. Siete entidades encabezan la lista: Tabasco (35.9%), Chiapas (32.1), Campeche (27.8), Veracruz (26.8), Tlaxcala (24.9), Guerrero (24) y Oaxaca (23.5). Las entidades gobernadas por Morena sobrepasaron el nivel promedio de participación nacional (17.7%), excepto: Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. El ejercicio del domingo también aceitó la estructura en al menos cuatro de los seis estados que renovarán gubernaturas en junio: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Aguascalientes y Durango, entidades donde se prevé mayor competencia, la movilización fue menor. El mayor rechazo al Presidente se presentó en Nuevo León, entidad que supera la media nacional con el 15% de negativos.
Cuarto
, el resultado del proceso de revocación seguramente intensificará el ritmo de la carrera presidencial al interior de Morena, aumentará la polarización con la oposición y alejará cualquier posibilidad de reforma constitucional en materia electoral. Los incentivos a largo plazo son más perversos: el titular del Ejecutivo seguirá jugando como candidato en campaña hasta que se active la revocación.
Los mecanismos de rendición de cuentas tienen que ser efectivos y el diseño del proceso revocatorio no lo es. El cambio de incentivos institucionales debería llevar a repensar la duración del mandato constitucional del Presidente. La revocación de mandato sin una opción alternativa queda vacía de contenido. En California, la solicitud de revocación viene acompañada de una propuesta de gobierno distinta. Bajo ese supuesto ¿no sería mejor pasar de un ciclo sexenal a uno de cuatro años con posibilidad de reelección como en Estados Unidos? Pensar en ratificar el mandato cada tres años como un ejercicio de autopromoción deslegitima una figura de participación ciudadana cuyo fin es echar a la calle a malos gobernantes.