La mayoría de las constituciones en el mundo han incluido mecanismos de democracia directa como un complemento a los canales tradicionales de representación. Su adopción ha sido progresiva y está estrechamente vinculada con la universalización del derecho al voto y, en algunas latitudes, con el desgaste de las instituciones políticas. Consultar a la sociedad cuando existen temas complejos no es nuevo. Suiza y Uruguay, las naciones más familiarizadas con estas prácticas, convocan a sus ciudadanos a participar de manera regular.
La lógica de los mecanismos de democracia directa impone a los ciudadanos el carácter de jugadores de veto o, cuando menos, los convierte en actores centrales del proceso político. A diferencia de las elecciones, donde lo importante es decidir quién ocupará un cargo de representación, los mecanismos de democracia directa permiten a la ciudadanía expresar su opinión sobre un asunto específico.
Estos instrumentos pueden iniciarse mediante la recolección de apoyos ciudadanos (activación desde abajo) o por mecanismos constitucionales que habilitan a los poderes del Estado (activación desde arriba). Las consultas activadas desde arriba han sido un recurso utilizado por los gobiernos para encauzar protestas populares, refrendar sus iniciativas o dirimir conflictos entre poderes.
Las consultas pueden tener el carácter de obligatorias o facultativas. Las primeras son accionadas de manera automática en los casos predeterminados por la Constitución o las leyes. Cuando son facultativas los poderes públicos consultan la opinión de los ciudadanos sobre un asunto en particular y esa opinión puede ser vinculante o no, dependiendo de los umbrales de votación y participación requeridos.
Existen importantes elementos en el diseño, regulación y gestión de las consultas que determinan su legitimidad y eventual éxito o fracaso. IDEA Internacional, la Comisión de Venecia y destacados académicos han documentado buenas prácticas y elaborado recomendaciones sobre las consultas populares.
La doctrina recomienda que estén normadas en la constitución o en legislación secundaria. Es preferible evitar reglas creadas para casos específicos. Comúnmente estos mecanismos señalan un mínimo de participación y una mayoría específica para darles validez y fuerza vinculatoria respecto a los poderes públicos. La legitimidad, transparencia, equidad y aceptación popular de los resultados mejoran si los umbrales se especifican en la Constitución o en la legislación ordinaria y no se deciden de manera ad hoc justo antes de cada consulta.
En el diseño de las consultas es importante determinar el momento en que pueden efectuarse y si son concurrentes o no con las elecciones. Cuando coinciden con otros eventos pueden perder importancia o sujetarse al ciclo político de la renovación de los poderes públicos. Algo importantísimo es si la pregunta sujeta a consulta es clara, induce al error o sugiere algún tipo de respuesta. La recomendación es que la redacción de la pregunta sea corta, directa, neutra y sin ambigüedades.
Comunicar el contenido de la consulta a la ciudadanía es vital para la legitimidad del resultado. Un tema fundamental es garantizar las condiciones de equidad para que los que están a favor o en contra de la propuesta puedan expresarse. El tema de la regulación de la campaña no es menor porque los gobiernos suelen ser los promotores de alguna de las posiciones y tienen el deber de informar sus ventajas. El plazo entre la emisión de la convocatoria y el ejercicio de consulta debe ser lo suficientemente amplio para que la ciudadanía pueda formarse una opinión informada.
Finalmente, los parámetros internacionales señalan que deben garantizarse elementos mínimos de índole electoral, tales como: la secrecía del voto, la confiabilidad del padrón electoral y la posibilidad de tener una instancia que procese eventuales impugnaciones, a través de un canal accesible para que la ciudadanía defienda sus derechos político-electorales. Modificar las reglas una vez conocida la materia de consulta puede generar desconfianza e incertidumbre. Si se quiere realizar un ejercicio serio y razonable es importante observar las buenas prácticas internacionales.
Especialista en asuntos electorales
