El martes pasado, la comunidad estudiantil, personal académico y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) convocaron a una marcha pacífica en defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria. Desde el pasado 19 de noviembre, la comunidad del CIDE ha solicitado un diálogo abierto con la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para participar en el proceso de designación de su director. Ante la cerrazón, un procedimiento plagado de irregularidades y ataques a la comunidad académica y universitaria, integrantes del CIDE salieron a manifestarse por algo que resulta relevante, no solo para esa institución educativa, sino para la sociedad en su conjunto: la exigencia de una educación superior libre, plural y de calidad.
La ciencia y el conocimiento son un bien público fundamental para la democracia, la promoción del Estado de Derecho, el pluralismo, el progreso científico y el desarrollo personal y social. La educación empodera a las personas para participar activamente en la vida pública desde posiciones informadas, críticas y responsables. Por ello, estudiantes, profesores, investigadores e instituciones académicas juegan un rol central en la promoción de los principios democráticos y son agentes del progreso y cambio social.
Durante su último periodo de sesiones celebrado hace unas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó los Principios Interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, a fin de promover estándares para fortalecer la protección y garantía de la libertad académica en la región. El documento, integrado por un preámbulo y dieciséis principios, reconoce a la libertad académica como un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitadora en el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la libertad de expresión, educación, reunión, asociación, igualdad ante la ley, libertad de conciencia, etc., todos ellos reconocidos por los instrumentos internacionales de los que México forma parte.
El conflicto entre el CIDE y las autoridades del CONACyT recuerda la importancia de retomar los principios que la CIDH adoptó y que los Estados están obligados a garantizar en defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria. Primero, la libertad académica debe protegerse dentro y fuera de los centros educativos, así como en cualquier lugar donde se ejerzan la docencia y la investigación; eso incluye la diversidad de métodos, temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y reglas internas de cada disciplina. Además, la libertad académica debe ser promovida, protegida y garantizada en igualdad de oportunidades sin discriminación por ningún motivo ni circuntancia.
Segundo, la autonomía es un requisito imprescindible para la libertad académica y funciona como garantía para que las instituciones de educación superior cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento. Por ello, los Estados deben garantizar el autogobierno de las instituciones de educación y que la distribución de recursos no se convierta en una herramienta de ataque contra la comunidad académica, ni amenaza al pensamiento crítico. Para contribuir positivamente a la autonomía universitaria, el nombramiento de las personas que encabezan a las instituciones públicas de educación superior debe reconocer los méritos académicos, estar libre de influencias partidistas indebidas y tomar en consideración procesos transparentes que permitan la participación de la comunidad educativa.
Los Estados y gobiernos tienen la obligación de generar un ambiente favorable para la participación en las instituciones de educación superior, al igual que para la investigación, el debate y la difusión del conocimiento. Además, deben conducirse con neutralidad ante los contenidos académicos y ser los principales garantes de su libertad. Cualquier interferencia estatal en los programas educativos debe cumplir requisitos de legalidad y finalidad legítima en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de idoneidad, necesidad y proporcionalidad bajo los preceptos de una sociedad democrática.
La imposición de presiones indirectas sobre los mapas curriculares, el discurso negativo y estigmatizante por parte de altos funcionarios en contra de las instituciones de educación superior, de la comunidad académica o de personas que la integran, así como la aplicación de medidas presupuestarias con el objetivo de castigar a los centros de investigación y docencia impactan negativamente en la libertad académica. Por ello, la sociedad debe rechazar esas conductas y denunciarlas.
Los Estados y gobiernos deben fomentar espacios de diálogo entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad académica con el fin de promover el debate sobre el respeto y garantía de los principios establecidos por la CIDH. El momento que vive el CIDE es una prueba de fuego para el Estado, el gobierno y sus autoridades. Como profesor de educación superior, ex alumno del CIDE y ciudadano hago votos para que el conflicto tenga una solución que permita garantizar la libertad académica y sea un primer paso para que los Centros Públicos de Investigación gocen de autonomía, por el bien de una sociedad crítica, libre y plural.
Especialista en temas político-electorales y profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana
Twitter: @jorge_egren
