El pasado 12 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana de la capital del país. La ley regula los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa y los esquemas de control, gestión y evaluación de la función pública. En consonancia con la Constitución local, la ley establece como mecanismos de democracia directa la posibilidad de que autoridades ejecutivas y legislativas o los propios ciudadanos, según sea el caso, puedan activar el procedimiento de iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y revocación de mandato. De acuerdo con la ley, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estará a cargo de la organización de los mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana. Para ello, deberá desarrollar, mantener y garantizar la operación de una plataforma digital. La Agencia Digital de Innovación Pública podrá desarrollar su propia aplicación cuando la ley no obligue la participación del IECM.
Las plataformas del gobierno de la Ciudad y del IECM deberán estar operando dentro de los 45 días posteriores a la emisión de la convocatoria para jornada electoral donde se seleccionarán los proyectos de presupuesto participativo, prevista para el 15 de marzo de 2020. Durante la discusión en el pleno del Congreso de la Ciudad, diputados de oposición lograron colocar una precisión en el artículo 203 de la ley. Este artículo indica que si bien la plataforma del gobierno concentrará la información sobre los procesos de participación ciudadana, los datos proporcionados por los ciudadanos no podrán tener un uso electoral.
La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad avanza en la dirección correcta. En la última década, el entonces Instituto Electoral del DF (IEDF) puso en marcha el uso de urnas electrónicas para la recepción del voto en los procesos de 2006, 2009 y 2012. En 2006 realizó una prueba piloto no vinculante para conocer la opinión de los capitalinos sobre la urna electrónica. En 2006 y 2007, se efectuaron ejercicios vinculantes con elecciones internas de partidos políticos. En la elección de 2009 se emplearon 40 urnas y no se cuestionó su uso. Sin embargo, uno de los distritos fue impugnado en su totalidad y el Tribunal Electoral del DF (TEDF) tuvo la oportunidad de revisar los resultados de las urnas electrónicas corroborando que la votación recibida coincidiera con los testigos que quedan almacenados dentro de ellas.
Finalmente, en 2012 el IEDF fue pionero en la implementación del voto por internet para los chilangos residentes en el extranjero en la eleccion del titular de la Jefatura de Gobierno. El proyecto de voto por internet fue impugnado y TEDF prohibió este medio de recepción del voto. Sin embargo, en última instancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, se pronunció por confirmar que el IEDF tenía facultades reglamentarias para implementar el mecanismo y que el voto por internet cubría todas las garantías constitucionales del sufragio.
De acuerdo con los estudios sobre participación ciudadana elaborados por el IFE-INE (2003-2018), los jóvenes de entre 20 y 29 años son los que menos participan. Este grupo etario acude a las urnas en una proporción que varia entre 30% y 35%, quince puntos porcentuales por debajo de la participación promedio de los ciudadanos mayores a 45 años. Con la introducción de instrumentos de democracia digital previstos en la nueva ley existe la posibilidad de incentivar que la población más familiarizada con las nuevas tecnologías de información y comunicación se acerquen al ejercicio de sus derechos político-electorales y aumente la participación ciudadana.
Sin embargo, el diablo está en los detalles. La autoridad electoral y el gobierno de la Ciudad tienen un reto enorme. El adecuado desarrollo de las plataformas digitales podría significar un salto cualitativo en el fortalecimiento de la cultura cívica y el ejercicio de los derechos de los capitalinos. Como en el pasado, la Ciudad de México podría convertirse en un referente de innovación para el avance de la democracia digital en México.
Especialista en asuntos electorales
