El pasado 30 de septiembre, el Congreso de Perú se enfrentó con el presidente Martín Vizcarra por el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Vizcarra señaló la necesidad de modificar el procedimiento porque a su juicio no era transparente y tampoco respetaba la división de poderes. Por ello promovió un recurso denominado “cuestión de confianza” para que el Congreso se pronunciara sobre el tema. La cuestión de confianza es un instrumento con que cuenta el Poder Ejecutivo en Perú para solicitar al Congreso el respaldo a una política, iniciativa o decisión de gestión gubernamental. Al igual que en los sistemas parlamentarios, la constitución andina otorga al presidente la potestad de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones si éste le niega dos veces la cuestión de confianza durante su mandato. En esta ocasión, el Congreso de mayoría opositora pretendía elegir a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional.
Los congresistas decidieron elegir al primero de los seis magistrados y analizar después la cuestión de confianza planteada por el ejecutivo. Este hecho detonó que Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria para la celebración de elecciones legislativas. Durante el anuncio, el Congreso sometió a votación la cuestión de confianza dictaminándola favorablemente. Por ello, la mayoría parlamentaria sostiene que el presidente no tenía el derecho a disolver el Congreso. La última vez que sucedió un hecho similar fue en 1992, cuando Alberto Fujimori alegó obstrucción del legislativo en temas de seguridad y economía en medio de denuncias de corrupción en su contra. En esta ocasión, el partido político de su hija Keiko Fujimori, actualmente recluida en prisión preventiva por supuestos cargos de lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011, encabeza junto con sus aliados la mayoría absoluta del Congreso.
El enfrentamiento entre el presidente y el Congreso tiene su origen en las elecciones generales de 2016 cuando se generó el gobierno dividido, es decir, un presidente sin mayoría parlamentaria. De hecho, Vizcarra declaró que con la disolución del Congreso buscaba “dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades” y acusó a la mayoría opositora de hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Horas después del anuncio, el Congreso aprobó la suspensión temporal de un año por “incapacidad moral” del mandatario y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta en funciones. Un día después Aráoz presentó su renuncia, abriendo la puerta para la celebración de elecciones generales.
Perú atraviesa una larga crisis política por casos de corrupción. Sus últimos cinco presidentes (1990-2018) se han involucrado en escándalos de talla internacional: Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, desvío de fondos públicos y secuestro; Alejandro Toledo está en proceso de extradición; Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski son investigados por la trama Odebrecht y Alan García se quitó la vida con un balazo en la cabeza después de que se hiciera pública una orden de detención por el mismo caso.
La crisis institucional peruana refleja la descomposición de su élite gobernante. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, los niveles de confianza ciudadana sobre las instituciones se encuentra en los últimos lugares de América Latina. En un choque entre poderes como el que se vive actualmente en Perú, el Tribunal Constitucional juega un papel fundamental por su naturaleza de órgano autónomo e independiente encargado de la interpretación, respeto y control de la constitucionalidad. Será el propio Tribunal Constitucional quien deberá dirimir quién tiene la razón. La presión por el control político de las instituciones autónomas no es un hecho nuevo en Latinoamérica. La tentación de las mayorías por adueñarse para su beneficio de las instituciones que fungen como contrapesos de los poderes constituidos representa un peligro inminente para el régimen democrático.
Especialista en temas electorales
