No es novedad. La debilidad estructural de la hacienda pública del Estado mexicano sigue siendo su talón de aquiles. Por hacienda pública me refiero a la capacidad de hacer y concretar del Estado para elevar de manera sostenida y generalizada los niveles de bienestar de la población. Para este fin la hacienda pública dispone de un conjunto de instrumentos de recaudación de impuestos, endeudamiento, administración de activos productivos y recursos naturales para cubrir el costo de servicios públicos con los cuales la población puede acceder a los derechos contemplados en su pacto social. Y la debilidad estructural está dada por la insuficiencia de efectividad y alcance de esos instrumentos que ha impedido la resiliencia, esto es a regresar a sendas de desarrollo económico sostenido, cada vez que perturbaciones descarrilan a nuestra economía.
Las innumerables crisis lo atestiguan. Las de los setenta y principios de las ochenta fueron gestadas en casa. Su común denominador fue un endeudamiento público excesivo utilizado para financiar un gasto público ineficiente que superaba por mucho al total de los ingresos disponibles presentes y futuros, incluyendo a los ingresos petroleros. Desde luego los choques externos como alzas en las tasas de interés y el desplome del precio del petróleo las detonaban.
En cambio la crisis de finales de 1994 —que hundió en una fuerte recesión a la economía pero que se recuperó rápidamente por el fuerte impulso de las exportaciones a Estados Unidos al activarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte— también fue hecha en casa, pero el origen fue la combinación tanto del crédito de la banca mal otorgado y en exceso al sector privado, como refinanciar con deuda pública interna de corto plazo denominada en dólares en manos de inversionistas extranjeros.
La severa crisis actual sí tiene un origen diferente. Auténticamente viene de fuera y ocasionada por el contagio sin precedentes de una enfermedad ocasionada por un nuevo virus para el cual no hay tratamiento ni vacuna. El distanciamiento social y el confinamiento de las personas ha sido una drástica pero necesaria medida de salud pública para reducir el contagio y permitir que en el tiempo la capacidad de unidades de cuidado intensivo pueda atender a los miles de enfermos de gravedad. No obstante, esta medida para salvar vidas ha sido a expensas de un costo económico inmenso al desplomar simultáneamente la demanda de bienes y servicios así como la oferta. Esto a su vez se da al interrumpirse abruptamente las cadenas de producción cuando trabajdores no pueden acudir a sus centros de trabajo.
No obstante que las causas son diferentes, sí hay un elemento en común: los ingresos públicos recurrentes presentes y futuros, con ello me refiero a los ingresos que los tres órdenes de gobierno obtienen a través de los impuestos, no son suficientes para cubrir el costo de los servicios públicos ni la infraestructura que los respalda, ni las transferencias o apoyos que se busca otorgar a la población. Mucho menos hay para cubrir desastres biológicos como la pandemia Covid-19 que ha afectado a todos. No dudo que saldremos de esta crisis, pero si no transformamos y fortalecemos la hacienda pública en cada uno de sus instrumentos dentro de una coordinación de los tres órdenes de gobierno, vendrá otra perturbación y una crisis será inevitable, donde los más afectados son los pobres y grupos vulnerables.
Dado que este tema me apasiona, necesito abrirme un espacio de tiempo para analizar la complejidad de la problemática de la hacienda pública actual y con ello poder escribir con precisión y evidencia para mis lectores. Expreso mi agradecimiento por su comprensión de los inconvenientes que causo a David Aponte, Director Editorial; Esteban Román, Subdirector de Opinión, así como a Carlos Morales, del Gran Diario de México, EL UNIVERSAL. Nos veremos pronto.
Economista. @jchavezpresa
