La pandemia desatada por el nuevo virus SARS-COV-2 (Covid-19) es una fuerte llamada de atención a todos. Por sus repercusiones, la capacidad de respuesta del Estado de cada país está poniéndose a prueba. También está la disposición de su población y de sus organizaciones sociales a cooperar y a obedecer a la autoridad en la materia.
La escala global, la velocidad y susceptibilidad de contagio de esta pandemia representa una perturbación a la salud pública con un costo en vidas que aún no podemos cuantificar. La capacidad de organización de cada país tendrá que sacar a relucir lo mejor de sus cuadros en los sectores público, privado, social y académico, porque se necesita acertar con intervenciones gubernamentales que faciliten la recuperación de la producción de bienes y prestación de servicios del desplome en el que han caído. Regresar a la demanda y oferta agregadas a nivel global requerirá forzosamente de la cooperación internacional y de los países con poder de señoreaje. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales de cobertura regional, el G7 y el G20, tendrán que coordinar esfuerzos en el diseño de medidas que permitan restablecer las cadenas globales de valor, el comercio internacional, los flujos de inversión extranjera y el empleo.
Por lo pronto, lo más importante es que la autoridad defina la estrategia de salud a seguir, y que lo haga con total transparencia y claridad en términos de sus implicaciones para la vida y la economía de las personas. Esta decisión no es nada fácil. La estrategia de mitigación que detiene el crecimiento exponencial de contagio y “aplana la curva” ascendente tiene la desventaja de un costo elevado en vidas; le apuesta a la capacidad de recuperación de la población y de la respuesta eficaz de las defensas del cuerpo individuales. Sin embargo, se ha observado que no habría capacidad hospitalaria para sostenerla. En contraste, la estrategia de cerrar y confinar de forma generalizada, al parar muchas de actividades productivas, llega a ser insostenible económicamente en el mediano y largo plazo, y, peor aún, puede conducir a cierres futuros de la actividad económica y social al resurgir brotes de epidemia. Hay algo que se aprendió: China, Corea e Italia están aplicando pruebas masivas, lo cual permite identificar con más precisión los puntos con mayor potencial de contagio. Así puede acotarse y dirigir de manera más específica los cierres de los centros poblacionales y sus actividades.
Este choque, que superará al de la Gran Recesión de 2009, le pasará irremediablemente una cuantiosa factura al Estado, y por ende a sus contribuyentes y beneficiarios de servicios públicos. No hay vuelta de hoja, la deuda pública aumentará; es el instrumento para acomodar en el tiempo choques gigantescos. Y por ello tienen que adoptarse a la brevedad las transformaciones que permitan un crecimiento económico vigoroso y sostenido. No son tiempos para que posiciones ideológicas frenen al país. Desde ahora las autoridades y responsables de la política económica tendrán que poner en práctica medidas que minimicen el cierre de empresas y la pérdida de empleo (la fuente de generación de riqueza); será con medidas heterodoxas de apoyo transitorio en materia tributaria y de apoyos explícitos en efectivo a los hogares. Además, los gobiernos en los tres órdenes territoriales tendrán irremediablemente que fortalecer las bases de recaudación, así como cancelar, reducir o posponer programas y proyectos que carecen de justificación social, ambiental y económica. Si la escasez de recursos ya apretaba, ahora habrá que tomar decisiones contundentes que permitan la recuperación más rápida posible de la economía y le devuelvan su vida cotidiana a las personas.
Economista. @jchavezpresa
