Una de las máximas de políticas públicas en los países serios es: “Prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad”. La versión mexicana es desde luego ligeramente distinta: “Amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad”. Pero, aunque se trate de México, podemos utilizar la visión de países más robustos para ver hasta qué punto lo que el gobierno ha venido diciendo sobre sus preparativos ante la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, son en efecto verosímiles.
Las autoridades han dicho que están haciendo todo lo posible para prepararse ante la inminente, aunque incierta todavía, deportación de decenas o cientos de miles de mexicanos y de otras nacionalidades desde Estados Unidos. No hay motivo para descreer de ello, pero las cifras presupuestales son ligeramente diferentes. Por ejemplo: la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, que no atiende necesariamente ni a mexicanos deportados de Estados Unidos ni a venezolanos o salvadoreños o guatemaltecos que corran la misma suerte, pero que sí debe trabajar con los cientos de miles de personas de otras nacionalidades que han llegado a México, registra en el 2025 el peor de sus presupuestos en los últimos 8 años, con un recorte de 10%. Sabemos que, durante todo el sexenio de López Obrador, la Comar fue el pariente pobre del gobierno federal.
En cuando al Instituto Nacional de Migración, que según nos dice la presidenta, experimentará una transformación radical este año, pero que por lo pronto sigue dirigido por Francisco Garduño, el verdugo del albergue de Ciudad Juárez, va a padecer una reducción en su presupuesto del 14% en relación a su presupuesto del año anterior. Como dice el periódico Reforma: “Este monto equivale a una reducción al 29% con respecto al 2018 y representa el presupuesto más bajo en términos reales registrados desde entonces por la institución.”
Es cierto que algo del trabajo de recibir a los migrantes lo llevarán a cabo otras instancias. Por ejemplo, la Guardia Nacional seguramente seguirá cazando migrantes en todo el sur-sureste del país, en el Istmo de Tehuantepec y en las carreteras y ferrovías. De la misma manera tal vez sea la Secretaría del Bienestar o la propia Defensa que vayan a encargarse de recibir a los mexicanos deportados de Estados Unidos y los recursos presupuestales para ello se encuentran en esas dependencias. Pero por lo pronto no es muy alentador el panorama que vemos en Comar e Inami.
Los consulados de México en Estados Unidos, como sabe cualquier persona que haya seguido mínimamente de cerca su trabajo a lo largo de los últimos 30 o 40 años, es poco lo que pueden hacer por los posibles deportados en Estados Unidos. El programa de abogados, asesores o consultores que se estableció desde la época de Fernando Solana, realiza una labor muy eficaz de protección, pero se refiere más bien a los mexicanos que suelen ser detenidos injustamente o que enfrentan otro tipo de adversidades en Estados Unidos. Por definición, los consulados no pueden hacer mucho para evitar deportaciones, y los abogados, asesores o consultores tampoco. Dicho esto, es loable el esfuerzo que parece estarse haciendo para activar a nuestro medio centenar de consulados en Estados Unidos para que le echen más ganitas.
Sabemos que el presupuesto total de la SRE es de 9,294 millones de pesos; de éstos, 75 millones se destinan a atención a migrantes, 134 millones a grupos vulnerables y 4 millones a niños y niñas. Sin embargo y a reserva de poder conseguir cifras más granulares sobre el presupuesto específico de las dos direcciones generales de la Secretaría de Relaciones Exteriores dedicadas a protección etc, y lo mismo con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, podemos inferir lo siguiente: si a la Cancillería en su conjunto se le recortó el presupuesto en más de 8% para 2025, y si recordamos que 75% del presupuesto de la Cancillería se dirige al pago de cuotas a organismos internacionales y a la nómina de los que trabajan en la institución y que no son programables, es decir, no están sujetos a reducción o recorte, es difícil imaginar que no se haya concentrado el recorte del 8% justamente en todas las labores que hace la Cancillería además del gasto en nómina y los organismos internacionales. Lo más probable es que las direcciones de protección y de servicios consulares hayan sufrido recortes extremos en lugar de cualquier aumento.
No va a ser fácil enfrentar a la deportación. Lógicamente se debiera dar ya un encuentro entre miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum con los colaboradores del presidente electo Trump. Varios altos funcionarios, principalmente el canciller, pueden entrevistarse sin mayor dificultad con el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, ya que no está sujeto a ratificación por el Senado, o con Tom Homan, el zar de la frontera, por odioso que sea. Ya vimos cómo un par de ministros del gobierno de Canadá se entrevistó con un par de próximos titulares de secretarías en Estados Unidos -Comercio y Homeland Security- es decir, Trump no está esperando a la ratificación por el Senado para permitirle a los miembros de su gabinete a reunirse con sus homólogos de otros países. Cuando esas reuniones sucedan, en las próximas dos semanas, sabremos con más precisión de cuántos deportados se trata, sobre todo en un primer momento, que será desde luego el que más le interesa a Trump por ser el de máxima exposición mediática. Pero volvamos a lo mismo: prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad. Y por lo tanto si en efecto el gobierno de Sheinbaum quiere darle prioridad a proteger y recibir a los mexicanos que vendrán y también a todos los extranjeros que ya están en México y a los extranjeros que seguramente nos va a enviar Trump también, quizás sería el momento de empezar a modificar algunas líneas del presupuesto para que reflejen esa prioridad.
Excanciller de México