“Si no eres parte de la solución, eres parte del problema”, es la frase que se adapta a la perfección a mi determinación de plantear una solución al enorme dilema que los ciudadanos enfrentan tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Con el aval de la bancada de Morena en el Senado , el pasado 20 de octubre se concretó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos, uno de los más relevantes para las entidades y municipios del país: El destinado para atender las consecuencias de los desastres naturales.
El Fonden era el mecanismo de reserva para atender desastres naturales en el territorio mexicano y fue concebido para actuar de dos maneras: prevenir y reconstruir. Sin él, los gobiernos estatales y municipales se verán incapacitados para poder atender gastos catastróficos.
En mi intervención en la tribuna de la sesión plenaria en que se aprobó la desaparición de fideicomisos, solicité a los legisladores que se postergara la extinción del Fonden, para gozar del tiempo necesario y crear un instrumento que lo sustituya y garantice a los gobiernos estatales y municipales, contar con los recursos para enfrentar el costo que significa la reconstrucción de infraestructura y la atención a la población afectada por un desastre natural.
Como ya es costumbre, la mayoría parlamentaria decidió ignorar este llamado. Ante ésta previsible conducta, un día antes de la sesión ordinaria del Senado, presenté una iniciativa de Ley en la que propongo como instrumento para sustituir al Fonden, que estos recursos se transfieran al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Debo reconocer que la elaboración y presentación de esta iniciativa fue consecuencia de una charla que, previamente a su comparecencia ante los senadores, sostuve con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
En esa plática, el funcionario federal compartió su preocupación ante -hasta ese momento, posible- desaparición del Fonden, postura que ratificó en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, en el que además de contabilizar los pasivos del Fondo, también expresó: “Nos queda la tarea de pensar cuál es el mecanismo que el gobierno y el Estado mexicano tienen que implementar para poder paliar estas contingencias”.
Yucatán, el estado que orgullosamente representó, es una de las entidades más propensas a sufrir el embate de la naturaleza, tan sólo en este año, la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, generaron daños cuantiosos en la infraestructura estatal, y aún más importante, que miles de familias quedaran en una situación vulnerable.
Recorrer municipios en los que la población transcurre hasta 15 días con su vivienda inundada, la pérdida de las cosechas con las que anticipaban la manutención de los próximos meses, aunado a una economía golpeada por la actual pandemia, me obligó a actuar y proponer el mecanismo para que el Estado cumpla con su obligación de contemplar reservas presupuestales para la atención de los desastres naturales.
Si bien es cierto, que el objetivo del FEIF es compensar la disminución de la recaudación federal participable respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, también puede utilizarse como destino para asegurar los recursos para prevenir y mitigar los efectos perturbadores producidos por la naturaleza.
Por ello, propuse modificar y adicionar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecer de manera explícita previsiones para constituir reservas y prevenir y atender oportunamente los daños que ocurran tras el paso de cualquier tipo de meteoro. En consecuencia, garantizar a las entidades, que existan los medios para la reconstrucción de infraestructura y atención de la población afectada.
Los efectos del cambio climático generaron que en los últimos 20 años se haya registrado un aumento del 80 por ciento de fenómenos naturales respecto a los ocurridos en las últimas dos décadas del siglo XX. Se pronostica que esta tendencia se mantenga o aumente, por eso, es indispensable que la población, los gobiernos municipales y estatales, tengan la certeza de contar con los recursos presupuestales para hacer frente a futuros desafíos.
Es respetable el deseo de acabar con la corrupción, de generar ahorros o contar con una bolsa para solventar las carencias o necesidades del sector salud, pero esos legítimos deseos, no deben ser en detrimento de la atención a la población afectada por los embates de la naturaleza.
No en un país, que al estar entre dos océanos y sobre cinturón de fallas geográficas, tiene mayor a las catástrofes. No en un país en que los desastres naturales afectan mucho más a las regiones con los más altos índices de marginación. No en un país en que los pobres, cada vez que sucede un sismo, huracán o sequía, pierden lo poco que tienen.
