El Poder Judicial salvaguarda el Estado de Derecho cuyo objeto irrenunciable es procurar justicia respetando la igualdad de los ciudadanos. La igualdad esta consignada en la Constitución, de manera que cualquier acto que la viole es inconstitucional. El caso de Rosario Robles es ejemplar de prevaricación judicial. No está a discusión que no haya motivos para que se presente ante los tribunales, ni siquiera la orden del juez sobre prisión preventiva puesto que está dentro de sus competencias por discutible que sea la decisión. Lo que resulta reprobable es que el juez, siendo sobrino de Dolores Padierna, no lo haya informado formalmente separándose de la causa. El asunto es tan flagrante que lo menos que se puede decir es que hubo premeditación del magistrado al no comunicar una relación de parentesco que lo invalidaba para desahogar la causa. No está a debate si el juez es un profesional competente, dueño de una trayectoria profesional inmaculada, sino que sus circunstancias personales niegan la igualdad que ampara a todos los ciudadanos. A sabiendas de que no respetaba el principio de igualdad por conflicto de intereses, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no sólo ha violado la ética profesional, sino que desacredita a toda la carrera judicial. Parece irreversible la percepción pública de una justicia intervenida por el Ejecutivo.
Nada de esto debería impedir que Rosario Robles siga su proceso, pero es deber del poder judicial asegurar la igualdad. Diferente es lo del juez Delgadillo Padierna. El acto de prevaricación debería llevarlo a abandonar la carrera judicial tanto por deshonrar la toga como por manchar la de sus colegas. No hay defensa posible para que siga en el ejercicio profesional. El Tribunal Superior de Justicia debería atraer este caso de oficio suspendiendo cautelarmente al juez. El daño causado es irreparable. Un juez no sólo debe ser probo sino parecerlo. La desconfianza hacia Delgadillo Padierna es irrecuperable.
Las consecuencias de la prevaricación manchan también a López Obrador. La actuación del juez desprestigia a la Justicia y al Ejecutivo. La independencia del poder judicial defendida por López Obrador es nada. El combate a la corrupción con que se invistió presidente demuestra lo que es ya característico de este gobierno: todo queda en palabras. López Obrador es igual que los presidentes que critica. Su honestidad es tan falsa como sus actos. En el novelón de López Obrador, él es honesto, austero, probo. Los tres poderes son independientes. La corrupción ha desaparecido. La seguridad ha vuelto a las calles. Ya no hay pobres. Para los ciudadanos, la actuación de Delgadillo Padierna es un acto de corrupción de quien antepuso los asuntos de familia por delante de la justicia, con indicios fundados de tráfico de influencias entre el poder político y el poder judicial.
López Obrador seguirá diciendo que es honesto cuando la evidencia demuestra lo contrario. El poder Judicial, si no actúa en contra de Delgadillo Padierna, ya nunca podrá decir que es independiente y honesto. Delgadillo Padierna ya nunca podrá decir nada. La causa en contra de Rosario Robles ya nunca será justa cuando tuvo todos los elementos para serlo. En realidad, perdimos otra vez todos los ciudadanos y perdió también el Estado de Derecho.
