Los gobernadores que integran la Alianza Federalista le tomaron la palabra al Presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador en lugar de buscar el diálogo, tensó la cuerda provocando que los mandatarios iniciaran sus consultas a la población vía twitter para auscultar la opinión sobre el destino de los impuestos. Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato dieron el paso. López Obrador no midió las reacciones a su enojo, pero ya están aquí. Dejando de lado lo justo del reclamo, la situación evidencia la manera de gobernar del Presidente. En ningún caso sentarse a hablar, ni mucho menos conceder. En lugar de contribuir a rebajar la tensión, la incrementa. Lo único importante para la 4T es el capricho momentáneo del Presidente. La sugerencia de consultar a los ciudadanos de esos Estados es doblemente arriesgada para AMLO. En primer lugar porque los ciudadanos consultados apoyan a sus mandatarios; en segundo lugar, el Presidente indica el camino de las consultas populares. Ahora no puede pedir que las tutele el INE, ni siquiera que no se hagan por redes sociales. Tras someter a consultas sin supervisión toda clase de disparates alegando la voluntad del pueblo bueno, ahora el pueblo bueno sea por twitter, Facebook o lo que sea dará su opinión sin posibilidad de censurarla. Quizás por eso Enrique Alfaro, Francisco Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Martín Orozco y Jaime Rodríguez se animaron a preguntar a los ciudadanos sobre su opinión acerca de continuar en el pacto federal. Hoy, el apoyo a los gobernadores es mayoritario y, por tanto, el pacto federal más que cuestionado está dinamitado.
Las frivolidades plebiscitarias de AMLO no sólo abren un nuevo frente sino un riesgo real que amenaza la estabilidad de la República. No puede atribuirse únicamente a los mandatarios estatales esta situación. Más bien reaccionaron ante el autoritarismo del gobierno federal. El mandato de los gobernadores es velar por sus ciudadanos; el del gobierno federal debería ser el bienestar de los Estados. Dividir, enfrentar, agraviar como estrategia política suele tener corto recorrido. El órdago lanzado por López Obrador quizás escondía la convicción de que los afrentados no se atreverían a envidar. Ahora no hay posibilidad de marcha atrás, sobre todo cuando el pueblo bueno se pronuncia sobre los recursos públicos. Puede suceder, sin embrago, que en estos casos el pueblo bueno ya no sea pueblo bueno, puesto que este únicamente lo es si apoya a López Obrador. Lo peor que puede ocurrir es que entonces se transformen en ciudadanos libres e iguales, algo muy conveniente para una democracia pero no para el autoritarismo del gobierno federal.
Desde luego, los gobernadores han provocado esta crisis a sabiendas de sus consecuencias. Pero ha sido una crisis en respuesta a la crisis previa del federalismo impulsada por Andrés Manuel. La oposición ahora sí aparece de manera visible, cuyo argumento no admite réplica: el bienestar de los ciudadanos de los Estados integrantes de la Alianza Federalista. Quizás escondan una estrategia de desgaste al gobierno, pero no hay manera de acusarles de insolidaridad puesto que la insolidaridad primera procede del Ejecutivo Federal. Ahora todo queda en manos del pueblo bueno o de los ciudadanos y, seguramente, de los militares. Las cosas comienzan a tener sentido.
