Lo sucedido estos días con la iniciativa que amplía el mandato del Presidente de SCJN es dramático. Nuestro sistema exige la independencia de los tres poderes para que no haya intromisión de un poder sobre los otros. Sin embrago, el Legislativo se entrometió en el Judicial a instancias del Ejecutivo. Tan preocupante como la iniciativa es el silencio de Arturo Zaldívar, un magistrado que se ha cansado de rendir el poder judicial a los deseos del Presidente del país. Los jueces, independientemente de su rango, están al servicio de los ciudadanos y no del ejecutivo y del legislativo. El poder judicial habla por sus sentencias apegadas a la ley y no debería hacerlo por intereses de otro tipo. Todavía resuenan las palabras de Zaldívar cuando pedía a jueces y fiscales acercarse al pueblo. ¿Para qué quiere un juez acercarse al pueblo? Su trabajo consiste en impartir justicia y hablar por sus sentencias. El pueblo prefiere que se haga justicia a comerse unos tacos de suadero con el juez. Detrás de esas palabras del ministro se aprecia un populismo rancio, primitivo, oportunista; un populismo vasallo del ejecutivo ajeno a la dignidad propio poder judicial.
El silencio de Zaldívar no puede sino considerarse cómplice con una iniciativa inconstitucional a todas luces, realizada por el mismo. Este no es el camino para reforzar la República, sino un principio disolvente que amenaza la democracia.
Si lo que se pretende es una reforma del poder judicial, bien puede llevarla a cabo otro Presidente de la SCJN. Los argumentos de López Obrador para defender la ampliación de mandato del magistrado son pueriles y perversos. Ojalá Zaldívar sea honesto y probo, pero si es el caso hay miles de mexicanos como Zaldívar. Todo indica que el magistrado por voluntad propia es un siervo de Andrés Manuel y de la 4T, de otra manera no se entiende la fijación del Presidente de la República, aunque sea un hombre de ideas fijas, en querer mantenerlo. Cualquier funcionario está al servicio del Estado y no de sí mismo, su quehacer consiste en que el Estado funcione apegado al mandato constitucional.
López Obrador y Zaldívar juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. De repente, los presidentes de dos de los tres poderes proceden en contra de lo juramentado, operan en contra de la constitución mediante una artimaña del legislativo. Zaldívar está desmantelando el Estado de Derecho a sabiendas de que lo que está haciendo. Su silencio es clamoroso porque desea tanto esa ampliación de mandato como el propio López Obrador desea esa y quizás la suya. Hace unas semanas Zaldívar declaraba la independencia del Poder Judicial y el respeto a la Constitución. La misma independencia y el mismo respeto de los que ahora prescinde por ambición y vanidad. El respeto a la Constitución obliga a todos los mexicanos, comenzando por el Presidente de la nación. El desprestigio de Zaldívar al operar como cómplice del Presidente es irrelevante. Lo importante es el daño causado a la independencia de los tres poderes amparada por la constitución. Nadie está por encima de la constitución y violarla de manera premeditada y alevosa es traición a la patria.
No parece que Arturo Záldivar sea mejor que otros magistrados. Y, aun cuando lo fuera, tampoco justificaría la ampliación de mandato, como tampoco se justificaría la del Presidente de la República. En consecuencia, la ampliación de su cargo puede considerarse un antojo o capricho al servicio de una causa partidista. Pero los poderes de la nación no operan a partir de caprichos y antojos, sino apegados a la legalidad constitucional.
