La liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa ha generado ríos de tinta. Se acusa desde todas las instancias (CNDH, Ejecutivo, Legislativo) la orden del juez para sacar de la cárcel a los presuntos implicados. Ha habido amenazas hacia el antiguo Procurador Murillo Karam por negligencia en el proceso. Alejandro Encinas declaró que “La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos”. De un solo golpe, Encinas acusa de complicidad al juez, a los fiscales y al exprocurador.
Llama la atención que Encinas no haya reparado en el déficit del poder judicial a la hora de integrar las carpetas de investigación. Da la impresión de que el juez sencillamente se limitó a liberar a los sospechosos. Se suele repetir que estamos en un Estado de Derecho. Resulta que cuando se vela por la aplicación de las leyes, si no es del gusto de algunos, ya no existe el Estado de Derecho. Y a lo mejor la liberación de los sospechosos se debió a que no no hubo respeto por el debido proceso. En este caso, el Estado de Derecho, salvaguarda de los derechos de todos, debe de respetar los derechos individuales. Si las investigaciones y sus respectivas carpetas no se integraron debidamente, lo normal es que los presuntos responsables salgan a la calle. Por un lado se trata de una injusticia flagrante, pero por otro se salvaguarda el interés general al que debe de atender el Estado de Derecho.
Todo indica que el problema reside en la competencia de fiscales y policías a la hora de elaborar las investigaciones en turno. Culpar a un juez de haber liberado a los responsables de la matanza de Iguala, sin aclarar otras circunstancias como la calidad de las investigaciones, parece mala fe. Peor si quienes siembran las sospechas tienen acceso a la calidad de los expedientes y ciernen dudas sobre quien, apegado a la ley, cumple con el Estado de Derecho. No debería ser gratuita la simulación para quedar bien con la opinión pública, a sabiendas de que coarta el criterio profesional de jueces y magistrados. La liberación de los imputados ofende a la sociedad, pero el incumplimiento de las leyes es igualmente ofensivo. Un juez no es mejor por atender a las reclamaciones públicas relegando el principio de igualdad frente a la ley. Hay demasiados intereses en el caso de Ayotzinapa, demasidas brumas todavía, demasiada confusión como para sentenciar directamente al juez que ha promovido la libertad de los sospechosos. En este tenor, sólo hay que recordar al magistrado, sobrino de Dolores Padierna, que no se excuso en el caso en contra de Rosario Robles, en una violación flagrante del Estado de Derecho. Al ejecutivo le pareció lo más normal que no se excusara. Desde luego, se trata de dos casos completamente diferentes, pero lo relevante es la actuación de la justicia en ambos casos.
En caso de que se investigue al juez que ha ordenado la liberación de los presuntos culpables de Ayotzinapa, también se deberá decir la verdad una vez que finalice. El descrédito profesional de una persona debe acompañarse de pruebas y no sólo de dichos a lo mejor interesados. Los problemas de la seguridad no sólo afectan a la falta de estrategia en el combate al crimen organizado, sino a la actuación de la justicia, dando por ciertas lo que son sólo sospechas.
