Las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato ya fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Ahora están en manos de los congresos locales y librarán sin problema este obstáculo. A pesar de la polémica alrededor de ellas, especialmente la revocación del mandato presidencial, todo indica que tendrán un impacto muy limitado. Serán sobre todo un instrumento simbólico, de legitimación, pero su capacidad transformadora será nula.
La razón es muy sencilla: el cansancio electoral. La ley permite consultas todos los años (el primer domingo de agosto), mientras que la revocación de mandato debe realizarse en los meses posteriores “a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, es decir, después de las elecciones intermedias. El constante llamado a las urnas se traducirá en una baja participación por lo que difícilmente se rebasará el umbral del 40 por ciento de participación que estipula la ley para que los resultados de cualquier consulta o revocación de mandato sean vinculatorios.
En primer lugar, ni las consultas ni la revocación de mandato serán concurrentes con una elección constitucional, ya sea federal o local. Es decir, deberán despertar por sí solas el entusiasmo ciudadano, lo cual se antoja improbable dada la naturaleza de la mayoría de los temas que se pueden someter a consulta. Segundo, la revocación de mandato solo puede ocurrir meses después de los comicios intermedios, lo cual significa que en menos de un año los ciudadanos deben acudir dos veces a las urnas.
En el caso de las elecciones de diputados a mitad del sexenio, el umbral de participación del 40 por ciento apenas se rebasa. En los tres últimos procesos de este tipo, la participación promedio ha sido de 44.6%, con un rango de 41 a 48 por ciento. El reto para la revocación de mandato es convocar otra vez a las urnas después de la elección intermedia. Lo que se ha observado en elecciones sucesivas es que el cansancio electoral impera y la participación es menor al de la elección precedente. Imaginemos ahora un escenario posible, aunque improbable, en el que se convoca a consulta en agosto de 2020, se vota en la elección de diputados de junio de 2021 y se evalúa la continuidad del presidente López Obrador en el primer semestre de 2022. En estas circunstancias, es dudoso que los ejercicios de democracia directa rebasen el umbral del 40 por ciento de participación.
Puede argumentarse que la revocación de mandato presidencial es un ejercicio más importante que cualquier consulta por polémica que esta sea (despenalización aborto, matrimonio del mismo sexo, legalización consumo de marihuana, etc.) y que por ende despertará mayor interés entre la población. El problema es que este tipo de ejercicios son por lo general una ratificación del statu quo y carecen de la expectativa de cambio que siempre entusiasma a los ciudadanos. La razón es que, salvo Peña Nieto, la mayoría de las veces los mandatarios no despiertan un rechazo tal para llevar a la población a las urnas y echarlos: la aprobación a la gestión de Ernesto Zedillo al inicio de su cuarto año de gobierno fue de 59%, para Fox fue de 55% y para Calderón de 56 por ciento (las cifras son de Oraculus.mx). En esas condiciones los ciudadanos tienen pocos incentivos para acudir a las urnas. Peña Nieto es otra historia: para enero de 2016, ya 60% reprobaba su trabajo y sólo 33% lo apoyaba. A Peña sí lo hubieran echado.
Deshacernos de los malos gobernantes de manera anticipada puede ser la mayor virtud de la revocación.
En momentos de relativa satisfacción, sin embargo, puede ser inoperante.
Hay una razón adicional para esperar una baja participación en estos ejercicios de democracia directa.
Salvo el INE, “ninguna otra persona física o moral” puede participar en la promoción, difusión y propaganda de estos ejercicios en radio y TV (no hay mención a redes sociales), es decir, se impide a los partidos políticos participar activamente en estos ejercicios. Se exige, además, que la promoción del INE sea “objetiva, imparcial y con fines informativos”. ¿Podrá el INE hablar del estado de la economía o de la seguridad pública en sus promocionales?
Estas restricciones legales traerán efectos negativos. Sin escuchar las diferentes posturas sobre un tema, o sobre los aciertos y errores de un mandatario, la ciudadanía estará desinformada minando los beneficios potenciales de la democracia directa. Limitar la participación de los partidos políticos, además, eliminará al principal agente movilizador de la participación ciudadana. Nunca se llegará al umbral del 40 por ciento.
