A un año de las elecciones legislativas, todo apunta a que el manejo de la epidemia, y de sus consecuencias, serán tema central de esta. ¿Se tomaron las decisiones correctas? ¿Se salvaron vidas, o por el contrario, las decisiones gubernamentales aumentaron el costo humano de la pandemia? ¿el costo económico pudo ser menor o por lo menos se pudo haber mitigado? ¿el gobierno federal ayudó a la recuperación económica o profundizó la crisis?
La suerte de la administración lopezobradorista depende del éxito o fracaso de su gestión en esta emergencia. Como cualquier gobierno, buscará persuadir al público de que sus decisiones salvaron cientos de miles de vidas y empleos. La oposición enfatizará lo contrario. Toda campaña es una lucha por etiquetar los resultados gubernamentales en término de pérdidas o ganancias y así influir en la evaluación ciudadana. Los números iniciales en la opinión pública son favorables para el gobierno federal, pero han mostrado grandes altibajos, reflejo de la volatilidad en las opiniones y de la falta de información. Además, la emergencia sanitaria continúa por lo que desconocemos el veredicto final de la ciudadanía, veredicto que influirá en su decisión de voto. Lo que parece estar claro es que los bonos del gobierno federal difícilmente aumentarán.
El reloj juega en contra de la administración. Las pérdidas de vidas y empleos se acumulan día tras día aumentando el costo humano, social y económico de la pandemia. Los primeros datos son devastadores: desaparición de 12 millones de empleos y decenas de miles de muertos.
En esta emergencia sanitaria, todo gobierno buscará minimizar el costo político-electoral de las pérdidas económicas y humanas. En última instancia, ninguna autoridad es responsable del origen del coronavirus. Con la frase “tan bien que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia”, el presidente López Obrador ya adelantó algunas de las líneas de esta narrativa. El país iba por buen camino y un evento ajeno a su gobierno lo ha impedido. El gobierno también se ha visto afectado por el virus.
A veces, sin embargo, la narrativa de exoneración resulta insuficiente. El descontento es tal que los ciudadanos no buscan quién se las hizo sino quién se las pague. Las consecuencias de la pandemia tienen todas las características para generar un descontento sin precedentes: miles de pérdidas humanas, desempleo masivo y mayor pobreza en un contexto de alta criminalidad, todo ello durante un largo periodo.
Si en 2021 el ciudadano se hace la pregunta clásica, “estoy mejor o peor que hace tres años”, es muy probable que su respuesta sea negativa. Es un caldo de cultivo favorable al voto opositor.
Por lo anterior es lógico intentar un cambio de agenda. Dada la magnitud de la crisis y sus consecuencias, la primera pregunta es si esto es posible. Sin embargo, el presidente López Obrador ya ha empezado a tantear el terreno. El pasado sábado señaló: “O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país; se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”. Además de cambiar la agenda, el tema de corrupción le es más favorable al proyecto lopezobradorista porque puede esgrimirlo contra las administraciones pasadas y de esa manera debilita el posicionamiento de PAN y PRI con miras a la elección intermedia. La gran interrogante es si los votantes serán receptivos a una narrativa pre-COVID cuando están viviendo las consecuencias de la pandemia.
