El asesinato de 20 personas en el poblado de San Miguel Totolapan en Guerrero, devela tres realidades: 1) la simbiosis entre gobierno local y grupos delictivos, 2) que la instalación de cuarteles del Ejército y de la Guardia Nacional son insuficientes para erradicar las economías criminales, y 3) y que la paz se juega en lo local.
La disputa entre los grupos delictivos que pretenden controlar los territorios de Tierra Caliente tiene de trasfondo negocios de siembra y trasiego de drogas, extorsiones o secuestros. Se trata de negocios ilícitos para sostener sus propios ejércitos, comprar armas y municiones, acceder a los lujos y así mantener su poder.
Los grupos delictivos construyen su poder con tres estrategias: 1) cooptar el territorio, mostrando las armas y las camionetas blindadas; 2) cooptar a la comunidad, “resolviendo problemas”, como es la inseguridad; y 3) cooptar a las instituciones locales, al alcalde y su policía, por medio de dinero, brindando protección o la simple amenaza.
La cultura de lo inmediato, rápido y fácil hace que, muchas veces, la misma comunidad acepte que un nuevo grupo armado, sea criminal o el propio Ejército, llegue a intervenir. Cuando se trata de un problema complejo que necesita de un fortalecimiento de la institucionalidad local donde su participación es fundamental.
Totolapan es un ejemplo de la simbiosis entre gobierno y grupos delictivos, donde ambos se usan para beneficiarse; y que con los documentos hackeados por el grupo Guacamaya Leaks podemos darnos cuenta de que esta colusión existe en los tres niveles de gobierno. El control territorial de estos grupos criminales no se entiende sin la complicidad de las autoridades.
Ahora bien, la región de Tierra Caliente cuenta con cuarteles del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes no han logrado desactivar la actuación de los grupos criminales de la región, y donde un simple bloqueo con camiones impidió que pudieran responder de manera inmediata. La masacre de Totolapan se convierte en un nuevo llamado a repensar a seguridad. Y más aún, en el contexto de la aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.
La estrategia nacional es fortalecer la militarización para atender las emergencias: resguardar zonas, hacer rondines, atender desastres, entre otras. Pero, lo que se necesita es una estrategia de control territorial que inhiba a los grupos criminales y un sistema de investigación que resuelva y prevenga los delitos.
El mapa de la criminalidad avanza hacia la microdelincuencia, los grupos delictivos se multiplican, y esto implica estrategias locales de seguridad, que atiendan los contextos, la cultura y las dinámicas delictivas propias del territorio.
La disminución de las policías - reducción de más de 10 mil elementos entre 2019 y 2021-, la falta de una estrategia de fortalecimiento y capacitación está afectando la seguridad territorial.
La realidad de la criminalidad en México necesita de policías municipales y estatales capacitadas para la reacción, la investigación y la prevención. No policías militarizadas ajenas a las comunidades, sino policías con estructuras territoriales que se coordinan con la ciudadanía, habilitadas en la investigación y la documentación de evidencias, y capaces de crear estrategias que prevengan hechos como los acontecidos en Totolapan.
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@Jesuitas_Mexico
