La economía criminal en México ha tenido capacidad para cooptar territorios, relaciones comunitarias y la institucionalidad local, mediante una gran flexibilidad de acción, que incluye la aplicación de diferentes tipos de violencia, con lo cual logra adaptarse a contextos que mutan constantemente.
Así logran controlar la vida de los pueblos indígenas, campesinos, suburbanos y de zonas urbanas desarrolladas. Estas economías criminales, lideradas casi siempre por agentes externos, supracomunitarios, pero con vínculos estrechos o complicidades locales, generan grandes desafíos a los distintos niveles de gobierno, pues las acciones delictivas no sólo carcomen el tejido social, sino implican la generación y normalización de la violencia.
Estoy convencido que la violencia que vivimos no es sólo un problema de pobreza que se resolvería con subsidios económicos. Y que tampoco se resuelve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades y acciones del ejército. Aspiramos a un país civilista porque, además, como quedó demostrado en la historia reciente, la militarización no da punto final a una guerra contra el narco que aún causa estragos en las comunidades.
Ante este panorama que parece no tener salida, es importante poner en el debate público las causas estructurales de la violencia que permitan avanzar en el diseño de las políticas de seguridad, que no impliquen militarizar el país.
En este sentido, militarizar la Guardia Nacional, el cuerpo de policía más grande del país, para atender situaciones de emergencia, como la detención de células de las economías criminales, es insuficiente para enfrentar la violencia, cuando se necesita de policías insertos en las dinámicas territoriales, comunitarias e institucionales del ámbito local.
Estamos delante de un problema complejo, que implica diagnósticos territoriales y estrategias de seguridad contextualizadas. Pero elegir ese camino, sobre todo para sectores gubernamentales y políticos, implica asumir la humidad franciscana, para reconocer los propios límites y aprender a trabajar junto con otros.
Propongo seis grupos de causas estructurales de la violencia en México.
Causas geográficas: Estados Unidos es el principal consumidor de drogas duras y principal productor de armas del mundo; la falta de regulación estricta para la venta de armas facilita su tráfico hacia México.
Causas territoriales: Las prácticas asistencialistas y clientelares pueden fomentar apatía, indiferencia y desorganización de la ciudadanía ante problemas locales, lo cual genera un vacío que es aprovechado por las economías criminales.
Causas culturales: En las comunidades hay un proceso de individualización, que propicia la pérdida del sentido de los límites en la relación con los otros. Esto ha sido provocado porque quienes han accedido a recursos por la vía de la criminalidad creen que ser violentos es un derecho.
Causas institucionales: Las personas ven la justicia como algo lejano, difícil de alcanzar porque las respuestas de las instancias de investigación y aplicación de justicia son insuficientes e inoperantes o partícipes de la corrupción.
Causas legales: Un ejemplo de esto es que la policía municipal, la que tiene la mayor cercanía con la ciudadanía y conoce el territorio, es la que tiene menos facultades legales y menos recursos económicos.
Causas económicas: En los años 90, la violencia se asentaba en las zonas “tradicionales” de pobreza, pero en 2008 se trasladó a zonas de desarrollo.
La experiencia de los últimos años ha mostrado que el gobierno por sí solo no puede resolver el problema, aunque es el principal responsable para combatirla y el enfoque militar no es la solución para la pacificación de los territorios.
Asistente del Sector Social del Gobierno de la Compañía de Jesús. @Jesuitas_Mexico
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