Cuando se publicó el concurso de licitación pública internacional encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el lanzamiento y puesta en marcha de la red compartida el 29 de enero de 2016, se consideró que una compañía o un consorcio privado participara en el diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización de sus servicios, para lo cual, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se podría contar hasta con 100% de inversión extranjera directa.
El criterio de desempate para ganar la red compartida fue la oferta de mayor cobertura de los servicos a prestar, siendo ésta la de Altán Redes con un 92.2% a nivel nacional, lo que permitiría garantizar el acceso de servicios inalámbricos fijos y móviles de alta velocidad en banda ancha a poblaciones donde los operadores tradicionales no llegan por falta de incentivo económico ya que desplegar redes no es rentable.
Producto de dicho proceso Altán propiedad de Eugenio Galdón, fundador de ONO en España, firmó el 24 de enero de 2017 el Contrato de Asociación Público Privada con Telecomunicaciones de México y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones y comienza la historia de la red compartida en México.
Altán se quedó con la explotación de la valiosa y codiciada banda de los 700 Mhz, más un par de fibras de la red troncal de CFE y algunos otros activos del gobierno por lo que se crea Promtel para administrarlos y representar al gobierno en la APP.
Desde su concepción la red compartida se piensa como “carrier de carriers”, es decir, una red mayorista que no le puede vender al público en general servicios y solo vende a operadores que tengan una concesión para prestar dichos servicios al usuario final rentándole su infraestructura.
Esta realidad, a toro pasado, muestra que se hizo muy difícil crear ingresos suficientes para darle viabilidad al proyecto que 6 años después entra en concurso mercantil y hoy obliga al gobierno a invertir cerca de 150 millones de dólares vía Banobras, Bancomext y Nafinsa y a quedarse con el control de la empresa, lo que implica la salida de Bernardo Sepúlveda de la Presidencia y de Salvador Alvarez de la Dirección General y la llegada del banquero Anthony McCarthy Sandland y de Carlos Lerma, Jefe de la oficina del Secretario de Hacienda, a dichas posiciones. No queda claro que sepa el señor Lerma de operar, mantener y rentabilizar redes de telecomunicaciones, cosa nada simple, pero habrá que darle el beneficio de la duda.
Adicionalmente se habla de una capitalización de pasivos por otros 100 millones de dólares de acreedores que son fabricantes de equipos y electrónica Nokia y Huawei, además del China Bank Corporation.
En palabras simples el gobierno se ve obligado a rescatar Altan que se estima llegó a tener una deuda de 30 mil millones de pesos, algo así como 1,500 millones de dólares y ahora intentar usar su red para lograr el fallido proyecto presidencial de “Internet para Todos”, obligado por la propia Constitución de la República, ya que tener acceso a las tecnologías de la información es un derecho humano fndamental de todo mexicano por el simple hecho de haber nacido en México.
Hasta aquí la red compartida empezaría a hacer sentido como proyecto de cobertura universal del gobierno, pero no nos confundamos en que va a ser negocio algún día, ya que será un hoyo negro al que le estaremos metiendo fondos públicos de aquí en adelante, mientras el señor Galdón se fue hace tiempo y ganó muy buenos millones.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
