Construir comunidades seguras en México y, en particular, para las mujeres requiere garantizar el acceso a la justicia a toda la población. Para avanzar en esa ruta es necesario que los jueces no se conciban sólo como aplicadores de leyes y reglas prestablecidas, sino como intérpretes de principios y de valores. Aunque no tienen la última palabra en esa interpretación, dentro de sus atribuciones, pueden ser interlocutores de quienes son menos escuchados y darles voz. ¿Qué derechos deben protegerse para las mujeres, las minorías sexuales, los indígenas, los jóvenes, la infancia, los migrantes, y otros grupos de población en situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de las leyes y normas actuales para proteger esos derechos? ¿Qué tienen que decir las y los ciudadanos a los poderes judiciales al respecto?
También es necesario garantizar plenamente el acceso a la información pública de los poderes judiciales para asegurar el acceso a la justicia. En este contexto, el colectivo ciudadano “Lo Justo es que sepas” ha impulsado reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se haga público el texto íntegro de todas las sentencias del poder judicial, tanto a nivel federal como local. Hay dos iniciativas de ley que se discuten en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Las sentencias deben conocerse, en primer lugar, para permitir un diálogo entre autoridades y población, ya sean especialistas, académicos, periodistas o cualquiera que lo desee y, en segundo, para evaluar la forma en que los juzgadores imparten justicia. Éstos pueden reproducir estereotipos y prejuicios discriminatorios o fallar para beneficiar intereses particulares cometiendo actos de corrupción. Para evitarlo es necesario que la población conozca las sentencias y colabore identificando y denunciando estos casos posibles.
Hoy los poderes judiciales están siendo obligados a transformarse y abrirse para permitir a la población acercarse a ellos; en otras palabas, a construir una justicia abierta con poderes judiciales transparentes y que permiten la participación ciudadana. En esta ruta existen iniciativas y acciones muy concretas en el horizonte nacional e internacional. El 28 y 29 de noviembre pasados participé en el Foro internacional para una justicia abierta convocado por Equis Justicia para las Mujeres, México Evalúa, el Tribunal superior de justicia de la Ciudad de México y el Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación. En él se compartieron experiencias exitosas, especialmente de Latinoamérica. En Brasil el poder judicial federal cuenta con un sitio web interactivo. En Costa Rica, la institucionalización de la justicia abierta es, incluso, un compromiso ante la Alianza de Gobierno Abierto. En México y Argentina, hay casos de jueces que se han atrevido a innovar para redactar sentencias en lenguaje ciudadano y publicar sus agendas a través de las redes sociales. En Bolivia se fundó un observatorio ciudadano para facilitar el acceso a la jurisprudencia y las sentencias a la población. Organizaciones de la sociedad civil realizan monitoreo ciudadano de las sesiones del Consejo de la Magistratura en Argentina y, en México, canalizan sentencias para evaluar si tienen perspectiva de género.
El derecho no puede permanecer estático, debe ajustarse a los contextos y realidades de cada caso y jurisdicción. Esto se alcanza solamente a partir del diálogo colaborativo entre los poderes judiciales y la ciudadanía. La información es el insumo que permite este diálogo colaborativo. Por tanto, conviene explorar con más profundidad la implementación de mecanismos para que la información generada por los poderes judiciales sea realmente utilizada por las personas. De los foros de reflexión pasemos a una agenda de política pública. La justicia abierta también es materia de los organismos garantes de transparencia en México y, por esta razón, vale preguntarnos ¿qué estamos haciendo en este sentido? Esta será, sin duda una de nuestras tareas para el 2020. Cada uno debemos sumar desde
nuestras trincheras para que la justicia abierta sea uno de los medios que nos permita construir comunidades seguras para todas, un país en paz y mejorar nuestra convivencia cotidiana.
Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI
Twitter: @joelsas
