Las organizaciones de la sociedad civil cumplen varias funciones, la primera: agrupar a aquellas personas que tienen un interés común en resolver alguna problemática. Por desgracia, en nuestro mundo existen millones de causas que atender: salud, ciencia, derechos humanos, medio ambiente, niñez, juventud, discapacidad, adultos mayores, y un larguísimo etcétera.
La segunda: es para apoyar a los diferentes niveles de gobierno a cumplir las obligaciones que tienen y que solos no pueden resolver. Está claro que, en cualquier país del mundo, el gobierno necesita de la sociedad civil organizada para poder generar cambios.
La tercera: para observar y denunciar cuando el gobierno no está haciendo bien su trabajo. En la actualidad existen entidades especializadas en esta labor, pero aun así todas las organizaciones tienen el deber moral de levantar la voz cuando el gobierno no realiza su trabajo o lo hace mal.
Bajo estas tres premisas, los ciudadanos nos unimos en estas agrupaciones, con un deseo en común: generar cambios de forma ordenada, legal y que se sostengan a través del tiempo, recordando que, las organizaciones civiles están dadas de alta y tienen la obligación de rendir cuentas, a sus órganos de gobierno, a sus beneficiarios, a la sociedad en general y por supuesto al gobierno.
Sin embargo, en México se vigila y fiscaliza a las organizaciones de forma más puntual, incluso que a las empresas. Existen leyes especiales y el SAT brinda marcaje personal a todos los movimientos, incluso se les considera vulnerables para temas de lavado de dinero por lo que la vigilancia es estrecha.
Este gobierno ha decidido no solo no trabajar con las organizaciones, sino hacer todo lo posible para terminar con ellas. A veces, incluso pareciera que es una de las metas del presidente. Al inicio del sexenio advirtió que el gobierno no apoyaría a las organizaciones y lo ha cumplido.
Pero ha ido más allá, es común que en sus mañaneras se dedique a criticar y atacar a alguna organización en particular o a todas en lo general. Lo cual ha vuelto aún más difícil el trabajo de las organizaciones en un país donde la desconfianza es la constante y peor aún donde han muerto defensores de derechos humanos, medio ambiente, periodistas entre otros por simplemente alzar la voz.
Acusar a las organizaciones con el fin de desacreditarlas es algo muy peligroso, no afecta sólo a las organizaciones que el presidente desacredita y calumnia desde su tribuna, nos daña a todos como sociedad. Genera desconfianza, especialmente hacia aquellas personas que se comprometen con las causas que laceran a nuestro país.
Como ciudadanos no podemos seguir permitiendo que el presidente dañe la credibilidad de las organizaciones, solo porque le incomoda que hagan su trabajo. La razón de existir de muchas de estas es generar contrapesos y vigilancia de los gobiernos.
Nos ha tomado décadas lograr tener organizaciones fuertes e independientes y depende de cada uno de nosotros que sigan existiendo para lograr un mejor país. Si hoy callamos mañana no habrá quien nos defienda.
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Sobre la autora:
Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.
Acerca de Fundación Reintegra:
Es una fundación que trabaja a favor de la justicia social, equidad de oportunidad y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social.
