A menos de un mes de entrar en vigor el decreto para liberar a personas privadas de su libertad, mayores de 75 años, que llevan 10 años esperando una sentencia por delitos no graves y personas que comprueben haber sido torturadas mediante el protocolo de Estambul, ¿qué podemos o deberíamos pensar o percibir?
Al menos yo sigo sin lograr entender al presidente, habla de abrazos y no balazos, pero militariza como nadie antes se atrevió a hacerlo, además de forma descarada y sin importarle estar violando la constitución, claro para esto no hay consulta popular.
Habla de justicia e increpa al poder judicial, pero no se fortalece la investigación, presenta un decreto sin solicitar a su partido que crezca el catálogo de prisión preventiva oficiosa, este sexenio el populismo penal ha sido extremo.
Incluso en la página de la Secretaría de Gobernación dice “Reafirma Gobierno de México que esta dependencia dejó de ser la secretaría de la represión y el autoritarismo, y ahora lo es para la protección de los derechos humanos y la justicia.” Cuando en los hechos hemos visto todo lo contrario.
Sin embargo, aquí estamos, con la presentación de un decreto presidencial, que entrará en vigor el 15 de septiembre, el cual se suma a lista de “acciones” implementadas en una fecha que ya de por sí significa mucho por los festejos del Día de la Independencia, junto con la conmemoración de la dichosa “rifa” del avión presidencial hace un año. Como siempre AMLO nos demuestra que su comunicación es precisa y todo lo hace con una intención de fondo.
Pareciera un acto muy benevolente de un líder que busca justicia y el no castigo en si mismo; sin embargo en las demás acciones que hemos visto pareciera ser todo lo contrario, incluso cuando revisamos las cifras de las personas que verdaderamente podrán acceder a estos beneficios, nos damos cuenta que una vez más nos venden una acción que en realidad no significa nada.
Analizando las poblaciones a las que se les ofrece el benéfico, hay que recordar que él solo puede ofrecerlo sobre delitos federales y estos son menos que los del fuero común, aunque suelen ser más “graves” o de mayor impacto social.
Personas mayores de 75 años podrán acceder a la prisión domiciliaria, beneficio que ya contempla la ley. Existe una población menor al 3.2% del total de hombres recluidos y menos del 2.2% del total de mujeres recluidas, a nivel federal hasta el 2020.
Indica la página de la Secretaría “Libertad para las personas que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves y que no estén acusados por delitos de sangre; y para quienes se compruebe con el Protocolo de Estambul que sufrieron tortura.” Con esta precisión me atrevería a pensar que son muy pocas las personas que podrán acceder a este beneficio.
Incluso si solo pensamos en las personas que llevan más de 10 años privados de la libertad, sin sentencia la cifra es engañosa, puesto que solo se conoce el número total de personas que no han recibido sentencia y ésta representa el 37.9% de todas y todos los que han sido privados de su libertad, tanto en centros penitenciarios federales como estatales. Entonces, ¿cómo podemos saber con exactitud cuántos serán? O ¿si solo es una estrategia publicitaria, como lo fue la Ley de Amnistía al inicio de la pandemia?
Sin duda, esto debería causar cuestionamientos muy importantes, ¿cómo es posible que el 37.9% de las personas que están en prisión no se les haya dictado sentencia? ¿cómo es posible que haya muchas personas que llevan más de 10 años sin tener sentencia dictada? ¿acaso estamos hablando de una justicia tardía o una justicia inexistente?
Lo que sí es claro es que la prisión preventiva oficiosa debería desaparecer, eso sí sería un gran logro. Nadie debiera estar en la cárcel sin haber sido escuchado y vencido en juicio, menos de una forma oficiosa, sin que un juez haya dictado sentencia tras revisar las evidencias.
La prisión solo sirve para dañar irreparablemente la vida de aquel que se encuentra privado de la libertad, así como la de sus familiares y esto causa un daño irreparable para nuestro país. La población carcelaria es inversamente proporcional al desarrollo de un país. La cárcel no repara el daño y mucho menos a la víctima.
Sabemos que, en muchas ocasiones, las personas viven esa incertidumbre a falta de recursos económicos y de falta de acompañamiento legal. En este país, la cárcel está llena de pobres y no necesariamente de culpables. ¿En dónde han quedado sus derechos? y con un “lo siento, pues ya se puede ir porque es inocente o no se le comprobó nada” no se pueden restaurar las vidas de todas y todos aquellos que sufrieron la pérdida de su libertad.
Estamos hablando de aproximadamente 211 mil 169 vidas privadas de la libertad, en centros donde lo último que se busca es su reintegración, en lugares donde se viola de forma sistemática sus derechos humanos, donde se rompe a las personas hasta el punto de no retorno.
Tristemente creo que este decreto no busca justicia, ni despresurizar las cárceles en un momento de pandemia donde debiera ser prioridad. Creo más bien que otra vez nos quieren hacer creer que el presidente es un humanista aunque con sus acciones diga lo contrario. Es otra cortina de humo que huele a demagogia.
