Hace 10 años, a partir de la tragedia, surgió una alternativa de prevención del delito que resultó ser muy exitosa. Se unió la estrategia social con la de seguridad, con el propósito de generar una reducción de casi 90% de homicidios en Ciudad Juárez.

Ha transcurrido una década, desde el nacimiento de “Todos Somos Juárez”, de la cual sabemos que funcionó, así como conocemos cuáles fueron los elementos que la hicieron marchar; sin embargo, no se ha replicado ¿por qué? Eso sigue siendo una incógnita.

En 2006 con el gobierno de Felipe Calderón, se inició la lucha por la seguridad, la estrategia estaba basada en el uso de la policía y las Fuerzas Armadas, una lucha frontal contra el crimen organizado, que, si bien consiguió desmantelar organizaciones criminales y detener a personas que trabajaban en ellas, no alcanzó la tan anhelada paz.

Sin embargo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2010 se probó una estrategia diferente. El combate a los grupos criminales de la mano del fortalecimiento del tejido social, no sólo bajo la responsabilidad del gobierno federal, sino también local y municipal, en conjunto con la sociedad civil organizada e incluso la comunidad. Este plan no tardó en dar resultados.

La paz no se puede alcanzar sin justicia, la cual tiene dos vertientes; la primera: cero impunidad, la segunda: justicia social, a través de la generación de más y mejores oportunidades.

Creer que únicamente con policías, Fuerzas Armadas y prisión se va a conseguir un estado de paz, es una falacia porque ahí donde el crimen organizado encontró tierra fértil siguen y seguirán existiendo personas que, a falta de oportunidades, vean viable ese camino.

Es por eso que se debe combatir de manera paralela la desigualdad y la falta de oportunidades, reconstruyendo el tejido social, generando comunidades más fuertes. Se requieren procesos restaurativos que abonen a la justicia y no a la venganza.

El camino no es sencillo, han pasado 14 años, suficientes para saber que la estrategia de militarizar el país y apostar a la estrategia de seguridad no funciona. Hemos tenido tiempo suficiente para darnos cuenta de que urge un golpe de timón para probar algo diferente; sin embargo, pareciera que el gobierno no lo ve así.

Hoy no estamos mejor, nuestras policías siguen sin la capacitación necesaria, en la mayor parte de los casos rezagadas, olvidadas, con recursos nulos. Hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por los ciudadanos sin ningún apoyo, honra o preparación.

Las Fuerzas Armadas siguen en la calle, sin marco regulatorio aplicable, con desconocimiento en muchos casos de derechos humanos, llevando a cabo un trabajo que no les corresponde. Dañando además la imagen de una de las instituciones más respetadas por los mexicanos.

En cuanto a las políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza, tampoco tenemos buenas noticias, hemos regresado a la dádiva o la caridad, que no conlleva corresponsabilidad. Estas acciones lejos de cerrar la brecha la hacen más profunda.

2019 fue el año más violento de la historia de nuestro país, 2020 aún con pandemia, no proyecta mejoría. Homicidios dolosos, violencia de género, desapariciones y una larga lista más de cuestiones preocupantes. Claramente la estrategia actual no funciona.

Un decenio ha pasado, de un modelo que probó su éxito, a la par, dos presidentes que decidieron no replicarlo, que no echaron mano de las experiencias exitosas de la sociedad civil organizada para reducir la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad y la violencia.

Las experiencias están ahí, la posibilidad de poder replicarlas está en sus manos. No se trata de seguir buscando culpables, sino de indagar e implementar soluciones que nos ayuden a lograr la tan anhelada paz que necesita nuestro México.

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