El próximo 2 de junio enfrentamos el grave riesgo de que nos impongan una “elección de Estado” y, peor aún, una “narcoelección de Estado”.
A este nivel de podredumbre y descomposición de la vida pública hemos llegado con el gobierno obradorista, porque no están dispuestos a reconocer que pueden perder y, menos aún, admitir una derrota en las urnas.
Esta es la esencia del objetivo estratégico de López Obrador: Ganar a costa de lo que sea. No les importan las 800 mil muertes por su irresponsabilidad frente al Covid, ni que hubieran muerto miles de niños con cáncer debido a la negligencia gubernamental, o que sigan faltando medicamentos y equipamientos en clínicas y hospitales del sector público. No. Lo importante es ganar las elecciones con “los ahorros” que resultan de sacrificios de programas esenciales del sector público para comprar votos.
Téngase presente que los programas sociales están en la Constitución y fueron —en su origen— propuesta del PRD en un esfuerzo por romper la barrera de la desigualdad, como ha recalcado la candidata opositora Xóchitl Gálvez.
Sin embargo, ahora estamos ante una distorsión y el uso grosero de estos programas con fines electorales en favor de Morena.
Adicionalmente, AMLO ha redoblado el uso indiscriminado de sus conferencias mañaneras para golpear a la oposición, al INE y al Tribunal Electoral, al grado de acusarlos de fraguar una especie de “golpe de Estado técnico”.
Es la locura que muestra cómo la estrategia gubernamental ha sido puesta en marcha para acusar a la oposición de lo que, perversamente, el propio López Obrador ha echado a andar: Un golpe de Estado, en cualesquiera de sus modalidades.
Y, a sabiendas de que hay más componentes sobre lo que significa una “elección de Estado”, subrayo dos fundamentales: El papel de las fuerzas armadas y la ominosa intervención del crimen organizado.
Es sumamente preocupante el creciente papel de las fuerzas armadas más allá de las estrictamente castrenses. ¿Por qué? ¿Acaso Andrés Manuel está formando un grupo militar de élite, con absoluta lealtad personal por encima de la Constitución, para que actúen conforme a cualquier orden presidencial de carácter golpista ante el escenario de una derrota en las urnas?
La otra preocupante vertiente es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales permitida por el gobierno.
En 2021 documentamos cómo las bandas delictivas participaron en varios estados para hacer ganar a los candidatos de Morena. Ahora, en este proceso, es más evidente la intervención de las bandas criminales para decidir quiénes participan como candidatos, quiénes ganan y quiénes deben perder o morir.
Este escenario de descomposición que nos lleva al autoritarismo, no debe consolidarse como una suerte de destino manifiesto.
La “elección de Estado” o, más grave aún, una “narcoelección de Estado” no debe hacerse realidad, como si las y los mexicanos fuéramos presa de la estrategia de la mentira y la estupidez gubernamental.
La mejor manera de vencerla es lograr una gran participación electoral, no tener miedo a salir a votar el 2 de junio.
Asimismo, que los gobiernos —federal y estatales— asuman medidas contundentes contra la delincuencia para proteger a la sociedad y a candidatos.
Igualmente, debe fortalecerse la observación y vigilancia internacional de partidos y organizaciones democráticas de otros países para garantizar elecciones libres y pacíficas.
Por ello, saludo el pronunciamiento de los partidos integrantes de la Alianza Progresista, reunida recientemente en Río de Janeiro, los cuales exhortaron a que, en México, se respeten la legalidad y elecciones libres y democráticas.
Todos estos esfuerzos convergentes ayudarán a vencer la estrategia de una “narcoelección de Estado”. Se puede y se debe lograr. México no merece pasar a una narcodictadura.
