Sin que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya podido explicar hasta ahora, la ostentosa vida de su hijo mayor, José Ramón, en Houston —caso al que ha dedicado desquiciadamente más de dos semanas consecutivas en las conferencias mañaneras, atacando y amenazando a los comunicadores— conocimos el pasado domingo el informe que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio del gasto federal del 2020 y que da cuenta de alarmantes cifras de irregularidades cometidas por la actual administración.
El reportaje de Loret de Mola difundido en Latinus pegó en la línea de flotación al discurso de incorruptibilidad, honestidad y transparencia del primer mandatario, desenmascarándolo como falso y deshonesto. Hasta ahora no han podido comprobar que no sea cierto, sino que han caído en un mar de enredos del cual no pueden salir. La corrupción es el fondo y la esencia del asunto.
La Auditoría nos informa que más de 60 mil millones de pesos ejercidos por las dependencias del gobierno federal han sido manejadas con irregularidades, sin transparencia, sin justificaciones y con evidentes desvíos a rubros desconocidos, en prácticamente todos los ámbitos: Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto, salud (Insabi, compra de medicamentos), agricultura (Segalmex), programas sociales (miles de millones otorgados sin comprobación a miles de supuestos beneficiarios), el costo de la cancelación caprichosa del Aeropuerto de Texcoco (485 mil millones de pesos)… y la lista parece interminable.
Sin que haya podido salir del atascadero de la Casa de Houston, ahora el presidente dice que todo esto de la ASF es una falsedad y que todo se aclarará.
Cierto que es un informe sujeto a revisión y aclaraciones por las distintas áreas de la administración pública, pero lo que no puede negarse es la enorme falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo del gasto público, así como el hecho de que el 78% de los contratos de obras y servicios han sido otorgados por adjudicación directa no por licitación pública como lo exigen la Constitución y la Ley.
Además de ser inconstitucional e ilegal, el hecho de adjudicar 8 de cada 10 contratos de esa manera es un evidente acto de corrupción, porque así es como se les otorga a sus amigos empresarios, a la nueva “Mafia del Poder”, a los integrantes del Consejo Empresarial Asesor del presidente. ¡Eso es corrupción! Y todo ello irá saliendo, más temprano que tarde, a la luz pública.
Estamos ante un escándalo mayúsculo que deberá tener consecuencias. Desde la presidencia se cree que con todo el poder del Estado manejarán todo a su antojo y engañarán a la mayoría de la sociedad mexicana, que podrán seguir actuando con impunidad y que nunca pagarán por ello. Encima de todo eso insisten en promover, también de manera ilegal, la falsa consulta popular del 10 de abril para satisfacer el capricho presidencial de “ratificación de mandato” con un costo de casi 2 mil millones de pesos.
Andrés Manuel sigue en la lógica de que “desde la presidencia se maneja todo”, como nos lo dijo muchas veces a quienes lo tratamos durante años en la oposición.
Se siente seguro de que su proyecto de falsa transformación continuará después del 2024, pregonando su discurso de que “vamos muy bien”, como Nerón tocando la lira ante el espectáculo de una Roma incendiada. No esperemos, pues, que deje de atacar a los medios de comunicación que lo critican, ni a las instituciones que lo evidencian y no le rinden pleitesía. Esa actitud no va a cambiar.
La única manera de frenar este deterioro nacional, esta espiral de corrupción e impunidad, será evitar que ese proyecto se consolide con nuevos triunfos electorales en 2022 y 2023, y forjar una gran unidad nacional democrática para ganar la mayoría el 2024. Ese será el momento para fincarles responsabilidades y que sepan que no son impunes, aunque se lo crean.
