No es necesaria una reforma electoral en el actual momento del país, han dicho con mucha claridad José Woldenberg y Lorenzo Córdova. Lo que México requiere es la solución de los graves problemas que aquejan a la población.
Por eso, es urgente que el gobierno decrete que se destinen recursos públicos para que el precio de la tortilla sea de 10 pesos el kilo en todo el país, para beneficio de las familias más golpeadas por la inflación. Hay de dónde sacar dinero si se tiene sensibilidad social y responsabilidad, ya que significaría la cuarta parte de lo que está costando el inservible Tren Maya.
Igualmente, deberían destinarse recursos para apoyar al campo y la producción de alimentos, lo mismo que para generar empleos y mejorar el ingreso familiar. También es impostergable que se atienda el desabasto de medicinas, especialmente para la niñez con cáncer, lo cual sigue causando muertes.
Es correcto mantener los apoyos sociales para atemperar las desigualdades y la creciente pobreza, pero debe confirmarse su efectividad y evitarse el uso clientelar-electoral de los mismos.
Hay que detener el abandono de la educación. El desdén gubernamental por las demandas de las mujeres debe superarse. Por lo tanto, contar con efectivas estrategias para detener la ola de feminicidios y fortalecer los programas que plantea el movimiento feminista; restituir y destinar recursos hacia los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Todo lo anterior, y muchas más políticas públicas son urgentes, como las correspondientes para resolver la crisis del agua y la preservación del medio ambiente, que han visto recortados sus presupuestos.
Pero como este gobierno es experto en distraer la atención de la población sobre estos temas de fundamental importancia que habrán de discutirse en la Cámara de Diputados al abordarse el presupuesto nacional, entonces insiste en que es necesaria una Reforma Electoral y otra que haga depender la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa.
Se insiste en una Reforma Electoral con el argumento de que el actual sistema es muy caro y que el gobierno debe organizar las elecciones. Algo similar sucede con la propuesta de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa bajo la premisa de que así será más efectiva su actuación. Es una falsedad porque esta Guardia fue creada a propuesta del gobierno y ha sido un fracaso porque la estrategia dictada desde Palacio Nacional ha fracasado.
Además de no querer reconocer este error que ha causado más de cien mil muertes y decenas de miles de desaparecidos y desplazados por la violencia criminal, se oculta que hay un creciente malestar entre los militares adscritos a este organismo, tanto por el trato humillante del que han sido objeto, como porque —de no pertenecer a la Sedena— corren el riesgo de perder sus derechos en materia de salud y bienestar social.
Esto es lo que no se dice en el discurso oficial y se insiste en violar la Constitución para no sujetar la actuación de los militares a mandos civiles por tiempo limitado, con objetivos específicos y control del Legislativo.
En medio de este caos, entra en escena el caso Ayotzinapa para distraer otra vez la atención y exhibir al “nuevo malo” de la película: Jesús Murillo Karam.
Esa actuación gubernamental con ese discurso de perversión y engaño, parece no tener fin. Por eso debe ponérsele un alto desde la sociedad civil junto a la oposición partidista.
Indispensable cerrar filas y lograr una amplia unidad para las elecciones del 2023 y construir los acuerdos para una alianza en el 2024, con compromisos firmes y claros para resolver los problemas de la sociedad; de lo contrario, iremos al abismo con una dictadura al frente.
