Una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, consagrada en el artículo 74 de la Constitución, es revisar la Cuenta Pública con el objeto de evaluar y comprobar los resultados de la gestión financiera de cualquier entidad —pública o privada— que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, y vigilar que se ajusten a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos, así como también, que se cumpla con los objetivos de los programas determinados para la población.
Esta revisión de la Cuenta Pública se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que goza de autonomía técnica y de gestión (artículo 79 constitucional). La fiscalización debe ser ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La intención es garantizar la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia y división de poderes.
Todo lo anterior es necesario recordárselo al presidente quien, al conocer los resultados del Informe correspondientes al primer año de su gobierno, sugirió a la ASF “no dar armas a sus adversarios”.
¿Por qué descalificó el Ejecutivo Federal a la ASF? Por una muy sencilla razón: El Informe correspondiente a la Cuenta Pública 2019 reporta uno de los peores resultados para un gobierno. Prácticamente todas las áreas y programas revisados presentaron anomalías. Ni siquiera la administración de Enrique Peña Nieto presentó inconsistencias por una cantidad como la detectada en esta oportunidad: 67 mil 498.4 millones de pesos ocupados de forma irregular.
¿Por qué el informe molestó tanto al presidente? El Informe abarca las obras faraónicas del gobierno actual, las cuales todas resultaron con inconsistencias e inviables: El Tren Maya presenta inconsistencias por 135 millones de pesos y corre el riesgo de no ser rentable; la refinería de Dos Bocas presenta pagos fuera de norma por 75 millones de pesos y se considera también inviable; mientras que el aeropuerto de Santa Lucía exhibe inconsistencias financieras, de planeación y administración en su construcción, lo que pone en riesgo su idoneidad.
Los programas insignia de esta administración también presentan graves inconsistencias como ocurre en el caso de “Jóvenes construyendo futuro”, con irregularidades por 57 millones de pesos que se han canalizado a: “Becarios aviadores”, con doble remuneración, o aportaciones a quienes ya fallecieron.
El caso de los mal llamados “Servidores de la Nación” es igual de delicado, ya que se encontraron irregularidades en la nómina con más de 18 mil personas que conforman al “ejército electoral” del presidente, lo que viene a confirmar algo que habíamos adelantado: La contratación fuera de ley, del personal adscrito a esta estructura burocrática.
Por último está el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco el cual excede por mucho, el cálculo original del gobierno.
Este último cálculo de la ASF desquició al presidente quien, desde su púlpito mañanero, desacreditó el trabajo realizado a lo largo de un año, recurriendo al ya desgastado silogismo del: “Yo tengo otros datos” incitando a los auditores a corregir sus cálculos.
Y en lugar de exigir cuentas a su gabinete, el Presidente salió a defender su corrupción amedrentando a los funcionarios de la ASF.
Lamentablemente, la estrategia de amedrentamiento le funcionó. El lunes por la tarde, la ASF se retractó. Este hecho, sin embargo, no debe desacreditar la totalidad del informe. Se trata de un hecho inaudito. No se puede aceptar que el presidente continúe intimidando a los funcionarios que cumplen con su trabajo, y tampoco ellos y ellas no pueden abandonar a su suerte a la ciudadanía. Tienen que cumplir con su deber y resguardar la autonomía de las instituciones.
Es urgente una nueva correlación de fuerzas que haga valer el principio de la división de poderes, que permita el libre actuar de los órganos autónomos y ponga un alto al Ejecutivo.
Presidente nacional del PRD
