Finalmente, la Cámara de Diputados tomó protesta a los 7 integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que tendrá la responsabilidad de registrar las solicitudes, evaluar y proponer las listas de ciudadanas y ciudadanos que aspiren a suceder en su encargo, a 4 consejeros del INE que concluyen su período a principios de abril, entre ellos, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Este CTE está conformado por dos personas designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos más por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y tres por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Dicho Comité deberá evaluar la idoneidad de las y los aspirantes a tan importante cargo para elaborar una lista de cuatro quintetas: dos de mujeres y dos de hombres, una de las cuales será para la Presidencia del INE, que presentará a la Jucopo de Diputados en marzo, a efecto de que este órgano empiece a perfilar un posible acuerdo parlamentario que deberá presentarse al pleno de la Cámara en San Lázaro y sea votado por -al menos- las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
De no alcanzar esta votación, entonces las cuatro quintetas pasarán al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual designará, mediante insaculación, a las dos consejeras y dos consejeros electorales que ejercerán su responsabilidad por 9 años.
En las ocasiones anteriores, los acuerdos parlamentarios para designar -por consenso- a las y los consejeros, se han logrado. Por el bien de nuestra convivencia democrática y republicana, es deseable que esto suceda de nuevo.
Sin embargo, es necesario advertir sobre riesgos que pueden torpedear esa posibilidad. Uno de ellos, es la embestida gubernamental contra el conjunto del sistema electoral vigente, mediante reformas que ponen en peligro la organización y realización de elecciones libres y democráticas en el 2024.
El llamado “Plan B” obradorista, quiere desmantelar al INE dejándolo sin recursos para operar, imposibilitar la emisión de las credenciales para votar, y la confección de los listados electorales para que el gobierno y su partido, Morena, controlen el proceso.
Asimismo, quiere el gobierno tener las manos libres para manejar la propaganda oficial y el uso grosero de recursos públicos por parte de sus candidatos, así como aplastar a la oposición.
El objetivo es quedarse en el poder para seguir implantando su proyecto dictatorial y degradante.
Por eso, la interposición de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para que anule esas reformas y salvaguardemos nuestra democracia y el derecho de la gente a votar libremente. También por eso nos manifestaremos el 26 de febrero en todas las plazas públicas del país y en varias de EU.
El otro gran riesgo, es que el CTE no actúe responsablemente y no confeccione listas de posibles consejeros del INE con capacidades profesionales e imparcialidad política, y presente quintetas con sesgos partidistas que impidan acuerdos en la Jucopo y el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces esas listas sesgadas se irían a la Corte; pero ya con vicios de origen.
Los del CTE han protestado que actuarán con objetividad, pero Enrique Galván Ochoa, es un abierto propagandista del proyecto obradorista (redactor de “La Constitución Moral”), por ejemplo, mientras que Evangelina Hernández, es parte del equipo cercano de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad (vinculada a René Bejarano); en tanto que Andrés Norberto García-Repper Favela, contratado por Morena como auxiliar en actividades políticas, con un salario mensual de 30 mil pesos, fue representante de ese movimiento ante el Instituto Electoral de Tamaulipas el año pasado.
Asumamos que este proceso de selección, obligatoriamente, deberá tener la máxima publicidad, y debemos exigir que todos sus actos así lo sean. De ahí la importancia de que todas las mujeres y hombres más preparados y comprometidos con el sistema democrático, y que aspiran a esa responsabilidad, se inscriban.
Por lo pronto, la aduana comicial para este 2023 en Coahuila y Edomex ya está en marcha. Vencer al oficialismo dictatorial el 4 de junio, será una gran puerta de entrada para el 2024. Y luego vendrá la necesaria selección democrática de la candidatura presidencial, no por los partidos, sino por la sociedad civil.
Presidente Nacional del PRD
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