Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela son manifestación de la crisis de un modelo autoritario de corte populista implantado desde hace dos décadas y, al mismo tiempo, un grito de alerta sobre lo que puede suceder en México de continuar en esa ruta.
Dice un viejo refrán que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Con las particularidades propias de nuestro país, desde hace varios años que estamos viviendo un acelerado proceso de “venezolización” mediante el cual se han ido desmontando las instituciones de la República democrática con el argumento de “acabar con el neoliberalismo y regresar el poder al pueblo” para que él decida todo “democráticamente” cuando, en realidad, lo que se quiere es eliminar todo tipo de equilibrios y controles institucionales que eviten los abusos del Poder Ejecutivo.
Este proceso incluye la eliminación o el debilitamiento extremo de la oposición y la pluralidad política, así como la condena y persecución de quienes disienten y critican los actos, decisiones y políticas públicas del gobierno, acusados de ser conservadores y defensores de privilegios antipopulares.
Luego de las elecciones del 2 de junio se discute públicamente con intensidad y profunda preocupación si el INE y el Tribunal Electoral otorgarán a la coalición gobernante una inconstitucional sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, lo que le facilitaría llevar a cabo las reformas constitucionales que modificarían esencialmente el régimen político mexicano puesto que significarían trastocar al Poder Judicial y someterlo al Ejecutivo.
Lo mismo se pretende al eliminar a los órganos constitucionales autónomos (en un intento por subsumirlos al poder presidencial), y frenar el servicio que brindan a la sociedad al transparentar la función pública y cerrar paso a la corrupción.
Uno será nuestro país si, con una indebida sobrerrepresentación, las autoridades electorales dan las armas a los verdugos de la democracia (Morena), pues las ejecutarán también; y otro, si se respetan el espíritu y la esencia de los preceptos constitucionales para garantizar los derechos de las minorías y la pluralidad política.
La necedad obradorista de someter a elección popular el nombramiento de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, o —peor aún— que puedan ser seleccionados por “sorteo en una tómbola”, es un verdadero disparate que ya ha tenido como consecuencias inmediatas la fuga de capitales y la devaluación del peso frente al dólar.
En ese mismo tenor se ha anunciado ya la aprobación del dictamen para desaparecer a los órganos autónomos que, como se publicó recientemente en páginas de EL UNIVERSAL, llevaría “a ahorrar” apenas unas decenas de millones de pesos, lo cual echa por tierra el argumento de que “le cuestan mucho al país”.
Desde Voltaire , y con todos los defensores de la libertad de expresión, se ha subrayado que ésta es la más sagrada de nuestras libertades y no hay que permitir que callen a medios críticos que, como EL UNIVERSAL, me ha abierto generosa y respetuosamente sus páginas para expresar, sin límites, mis opiniones.
Por ello, en cualesquiera circunstancias, seguiremos luchando por lo que creemos: Un México igualitario, justo, libre y democrático; el mismo por el que el Diputado del Congreso Constituyente de 1917, Félix F. Palavicini fundó “EL UNIVERSAL” hace ya casi 108 años, convencido de difundir los postulados emanados de la Revolución mexicana, el antirreeleccionismo, y el apego a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, y la igualdad jurídica de la mujer.
En la Cámara de Diputados yace como fiel testimonio de ello “La Constituyente”, máquina de imprenta rotativa en la que fue editada la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y que el Presidente de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, donó con el compromiso de defender la libre expresión desde las páginas de este diario. ¡Así sea! porque México y los tiempos actuales lo exigen.
Presidente nacional del PRD
