Ante la crisis integral que enfrentamos más de cien millones de mexicanos en lo social, económico, político, cultural y, sobre todo, en materia de seguridad, urge un golpe de timón que impida nuestro paso hacia el abismo.
En tal sentido, el Partido de la Revolución Democrática no tiene duda de que a esa tarea debe contribuir la Coalición Legislativa opositora con la nueva composición de la Cámara de Diputados, de la mano de una sociedad civil más actuante y vigorosa.
Es un hecho de que la unidad será una de las plataformas fundamentales para preparar el 2024.
Nos queda claro que los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio catalizaron múltiples procesos que habían permanecido en relativo estado de quietud y que se revelaron con extraordinaria crudeza en los días posteriores a los comicios, como los referidos al papel del crimen organizado, la magnitud de la nueva ola de Covid, la efectividad de los programas sociales del actual gobierno y las fortalezas y debilidades de las instituciones jurisdiccionales y electorales.
No debemos olvidar que el 7 de junio pasado, el Presidente agradeció a la delincuencia “su buen comportamiento” por haber permitido la realización de las elecciones, con lo cual reconocía el apoyo que le habían brindado para ganar gubernaturas y les otorgaba carta de naturalización como parte del "nuevo establishment”.
Ilusamente creyó que así mantendría bajo control al crimen organizado. La consecuencia inmediata fue el incremento de las acciones delictivas y los enfrentamientos entre cárteles en distintas regiones de país para controlar territorios como cobro por los favores políticos prestados al “gobierno de la honestidad”: Zacatecas, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, SLP, Guanajuato, Chiapas…fueron escenarios de hechos sangrientos, así como las recientes amenazas brutales e impunes del CJNG contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos Azucena Uresti; Milenio y EL UNIVERSAL, evidenciando que se sienten dueños del país.
En materia de salud, la nueva ola de Covid evidenció las irresponsabilidades del gobierno al minimizar su gravedad insistiendo en el regreso a clases sin garantía de que no habrá contagios, especialmente de niñas y niños, a quienes ya se dijo que no se serán vacunados, con el argumento de que “no hay evidencia científica de que se puedan contagiar” (versión del “eminente científico” López Gatell) y porque “no se hará el juego a las corruptas farmacéuticas que solo quieren vender vacunas”. Mientras tanto, la mortandad crece día con día.
En ese contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaron un incremento de pobres entre 2019 y 2020; que se redujeron las posibilidades de acceso a los servicios de salud en los sectores más necesitados, y que las familias gastaron hasta 43 de cada cien pesos de sus ahorros en dicho rubro.
Al mismo tiempo, unos 420 mil jóvenes abandonaron sus estudios para buscar ganarse la vida, y una gran cantidad de investigadores suspendieron su capacitación porque las instituciones dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) carecen de presupuesto debido a que desaparecieron sus fondos que, en cambio, fueron a parar en dádivas; al estadio de béisbol del hermano de AMLO y sus proyectos faraónicos.
Una crisis social y educativa de enorme magnitud y amplio espectro es la que nos revelan esos datos oficiales.
Andrés Manuel López Obrador asumió como estrategia para llevar la atención a otro lado, adelantar el juego interno por la sucesión presidencial, con lo cual -a su vez- reconoce el inicio del declive de su sexenio que se ha venido afianzando con decisiones y hechos como el pasado ejercicio de la “Consulta Popular” para enjuiciar “a funcionarios del pasado” que terminó siendo un desastre.
Paralelamente, y teniendo en puerta la resolución de importantes decisiones sobre exigencias de nulidad de las elecciones para gobernador en varios estados, se efectuaron cambios en la Presidencia del Tribunal Electoral Federal; a los pocos días se conoció la decisión del ministro Zaldívar de no pretender continuar en la presidencia de la Corte más allá de diciembre del 2022, y luego la resolución unánime de la Corte declarando inconstitucional la reforma obradorista que daba sustento a esa posibilidad.
López Obrador aprovechó estos acontecimientos para arremeter contra el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, los ministros de la Corte, y el propio Coneval (cuyo titular fue designado en 2019 por instrucciones del mismo AMLO) por "ser herencias del viejo régimen" y de los que hay que deshacerse. O sea, todos los demás están mal, menos el Presidente que pierde credibilidad y confianza día con día si recordamos que de él se registran más de 80 mentiras en cada una de sus “mañaneras”.
La economía y el empleo tampoco presentan signos alentadores y no hay señales que apunten a estimular su crecimiento, de ahí la urgencia de dar el “golpe de timón” desde el Congreso con las y los diputados de oposición a quienes la ciudadanía delegó la responsabilidad de retomar el rumbo del país y no dejarlo en manos irresponsables como ha sucedido en estos tres años.
Presidente Nacional del PRD
