Con su voto en las urnas el pasado 6 de junio, la sociedad mexicana demostró, de nueva cuenta, sus grandes reservas y potencialidades democráticas al decir masivamente un NO rotundo a la lógica presidencial de deterioro nacional y a la intención de implantar un régimen autoritario de corte dictatorial.
Estas elecciones modificaron el rostro político del país al cambiar la correlación de fuerzas en favor de una opción para defender libertades, derechos, democracia, y desarrollo nacional con mejora en la calidad de vida de las familias.
La Coalición Va Por México, integrada por el PRD, PAN y PRI, fue el vehículo para decir al país y al mundo entero que México es plural y democrático, no el de una sola voz ni de un solo individuo.
La esperanza para reorientar el rumbo nacional volvió a latir, a hacerse presente.
Se logró el objetivo principal de evitar que AMLO-Morena y sus aliados, mantuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para que no siguieran destrozando al país con reformas constitucionales a modo del autócrata de Palacio. Junto a ello, la oposición ganó la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México y el electorado dio un golpe político a Morena en el corazón del país, el bastión del partido gobernante.
Los votos nacionales se dividieron a la mitad entre la coalición morenista y la opositora. La legitimidad popular, ostentada por el Presidente desde 2018, ahora está compartida por mitades con la Coalición Va Por México, porque ese fue el mandato de los electores.
Ahora, el juego tiene otros parámetros y reglas que no son las que dicta el titular del Ejecutivo, mucho menos la Jefa de Gobierno. Con todos sus asegunes, la ciudadanía decidió que el poder esté compartido.
Y en sentido contrario a estos avances democráticos, se ha hecho presente la ominosa existencia del crimen organizado permitido, solapado y auspiciado por esta falsa izquierda del autodenominado gobierno de “la 4T”, que ha transitado de la divisa de “abrazos, no balazos”, pasando por el “culiacanazo”, el saludo de mano a la mamá del capo de Badiraguato y el vergonzoso reconocimiento a la delincuencia porque “se portó bien” el 6 de junio.
El pago al gobierno federal por dejarlos hacer lo que quieran, fue la operación electoral para hacer ganar a los candidatos de Morena a gobernadores, presidentes municipales y diputados, violentando y distorsionando la voluntad ciudadana en amplias regiones.
Peor aún fue que esto se efectuó de la mano y con la protección de la Guardia Nacional, con lo que se deja claro que el país transita peligrosamente hacia un narcoestado.
Solo vivirlo da crédito para contarlo. Esto no es democracia, ni “elecciones libres, pacíficas y con apego a la ley”.
La mayoría de los triunfos de Morena se lograron con la ayuda de la delincuencia organizada y abren el camino para instalar una “narco–democracia”, para implantar una inaceptable “pax narca”.
Estamos convencidos, no obstante, que la legitimación en las democracias modernas se da mediante el voto ciudadano libre, el apego a la Constitución y el diario trabajo que contribuya a lograr una nación libre, justa y prospera.
Por eso, el gobierno de esta falsa “4T” está en falta, ya que mediante la violencia coaccionó el voto, no respeta a la Constitución, y sus políticas públicas son facciosas. Este gobierno ha perdido legitimidad.
Ahora, el reto de la Coalición opositora -depositaria de la legitimidad de esa mitad del mandato popular expresada en las urnas- es cumplir a las clases medias y amplios sectores de la sociedad que confiaron en ella; actuar con lealtad para ser oposición verdadera; defender derechos y libertades; impulsar la creación de oportunidades para jóvenes, mujeres, y los desprotegidos, así como posibilitar el desarrollo integral del país y la generación de empleos mejor pagados.
Este debe ser el verdadero papel de la oposición.
No hay más que una de dos: Defender y fortalecer el régimen democrático o permitir que se afiance un narcoestado a la mexicana.
Presidente nacional del PRD
