El Programa de Escuelas de Tiempo Completo de la SEP (recientemente desaparecido por órdenes presidenciales), debe restituirse ya que atendía directamente a 3 millones 600 mil educandos, principalmente de los sectores más desprotegidos, y porque incidía en la mejora de su calidad educativa, entre muchos beneficios.
El argumento del gobierno Federal es que los 6 mil millones de pesos de ese programa deben destinarse al mantenimiento de la infraestructura de planteles escolares que están en malas condiciones. Pero de los efectos negativos de dicha decisión no se dice nada; solo sacan dinero para destinarlo a otros rubros al mismo tiempo que gastan millonadas de pesos en promover una falsa consulta popular (“que siga AMLO”, dicen ilegalmente sus impulsores gubernamentales) y cuya organización costará unos dos mil millones de pesos.
Las escuelas de tiempo completo no son recientes en México. A finales del siglo XIX estaban organizadas en jornadas de 8 horas con turnos matutinos y vespertinos. Con el desarrollo económico de nuestro país, su evolución hasta convertirse en eminentemente urbano, y con el crecimiento de la población, hubo una mayor demanda de servicios educativos y se planteó una reducción de los tiempos en aulas.
Sin embargo, la investigación educativa nacional y de otros países llevó a que, en marzo de 2001, ministros de América Latina y el Caribe convocados por la UNESCO, reunidos en Colombia, recomendaran la creación de las Escuelas de Tiempo Completo para un aprovechamiento integral de los educandos.
En 2004 se señalaba que la mayoría de las madres y padres de familia destinan jornadas completas al trabajo lo que ha reducido el tiempo para el cuidado de sus hijos.
Y ya en el 2008 las reglas de operación de ese Programa colocaron en el centro “ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos”, siendo su población objetivo las “escuelas públicas de educación básica, preferentemente las que atienden a población en condiciones desfavorables… urbano marginales, indígenas o migrantes” y “las que presentan bajos resultados educativos en sus alumnos”.
Reconocidas pedagogas señalan que con ello se logró una participación democrática de autoridades educativas, supervisores, directores, docentes, padres y madres de familia.
Los docentes contaron con más tiempo para eficientar su labor educativa. Lo apretado del espacio impide hablar de todos los beneficios que aportó el Programa, que fue reforzado con mayores recursos desde el 2013.
La desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo quita oportunidades a los que menos tienen y más necesitan de la intervención del sistema educativo, mediante la generación de condiciones institucionales para aprender más y mejor (alimentación sana, cuidado y seguridad escolar mientras los adultos de las familias trabajan, aprendizajes de inglés, computación, artes y muchas más).
Además, se estima que unos 100 mil profesores se quedan sin una parte importante de su sueldo y arrastran a las familias a la precariedad.
La falta de presupuesto para este programa en los 3 años de este gobierno ya había derivado en limitar o eliminar la alimentación, y en cobrar y pedir cuotas a los padres para pagar las compensaciones a docentes.
Por todo esto, las Escuelas de Tiempo Completo deben restablecerse y el programa deberá contar con presupuesto suficiente para su óptimo funcionamiento en aras de elevar la calidad de la educación. Por lo pronto valdría la pena presentar amparos.
Presidente Nacional del PRD
