Mientras el país avanza hacia la descomposición en la vida económica, social y política, y continúa evidenciándose la disolución institucional del Estado mexicano —agravada por la corrupción en nuestras Fuerzas armadas ¡que hasta venden armas a los grupos delictivos! para vergüenza de gran parte de los integrantes del Ejército nacional— se acentúa la desesperación del Presidente de la República para sacar a flote el barco que se le va a pique, pretendiendo con ello salvar su inminente fracaso.
A la par, día a día, se acrecienta la preocupación de grandes sectores de nuestra sociedad sobre si esta tragedia nacional continuará más allá del 2024.
Es ya común escuchar de mucha gente la pregunta, planteada como exigencia, sobre “si habrá o no coalición opositora”, y que “no debe permitirse que la oposición se divida”, ya que el riesgo sería que el actual proyecto gobernante continúe destruyendo al país.
Para muchos, es conocido que —entre los partidos de la alianza Va por México (PAN, PRI, PRD)— ha habido una división ocasionada porque la dirección nacional del tricolor rompió el acuerdo de no apoyar la militarización del país, y se prestó a aprobar con sus votos, esa reforma antidemocrática. Ello lastimó profundamente la confianza y ha puesto en duda la continuidad de la alianza por parte del PRD y el PAN.
Sin embargo, amplios sectores del PRI en los ámbitos nacional y estatales, han expresado su convicción y determinación de restituir la coalición, y sumar a otros componentes políticos y sociales desde las distintas regiones del país, “con o sin el acompañamiento de la dirección nacional del PRI”.
En los lugares públicos por los que transitamos, la gente nos dice a manera de exigencia: “Júntense, hay que sacar a este monstruo de la Presidencia”.
Ciertamente, la ecuación política no es sencilla y hay que resolverla y despejarla con mucho cuidado y responsabilidad.
Es difícil restituir la confianza perdida ante el incumplimiento de acuerdos, sobre todo, en un tema tan delicado como es la aprobación de la militarización de nuestra vida nacional, con el inminente riesgo de la implantación de una dictadura de corte militar y con rasgos de narcoestado, sabedores de que ello representa el ocaso de la democracia y la antítesis de las libertades y los derechos humanos.
Este riesgo, con esas implicaciones, aún no es captado, percibido, por amplios segmentos de la sociedad; pero es nuestro deber advertirlo desde ya.
En contrapartida a esta crisis de la coalición Va por México, grandes sectores ciudadanos nos expresan y exigen que “por encima de estas diferencias y problemas, está México, junto al interés de preservar al país que queremos, y que no avance más esta degradación nacional”. No dejan de tener razón.
Por ello, digo que —con miras al 2023 (Coahuila y Edomex) y el 2024— sí debe conformarse un gran Frente Político, Social y Ciudadano opositor, democrático y progresista, construido desde los estados de la República, de la mano de lo mejor de la sociedad civil, que pueda incluir a otras fuerzas, ir más allá de los componentes originales de Va por México, y que se configure un método para la selección de la candidatura presidencial transparente y democrático.
Los compromisos deberán ser asumidos y firmados de cara a la sociedad, con sanciones públicas para quienes los violen. Una condición absolutamente indispensable e innegociable para una nueva alianza opositora, debe ser que ninguno de los partidos apoye una reforma electoral que atente contra la autonomía e independencia del INE y el Tribunal Electoral (incluida la selección de sus integrantes en abril del 2023), ni contra las bases esenciales de la pluralidad política.
Si eso se rompe, no habría —definitivamente— ninguna base para que se pueda lograr la unidad, ya que se es oposición real o no se es.
