Los recientes desplantes autoritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia diversos frentes de la vida nacional como el haber confrontado a los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, descalificar a prestigiados comunicadores, presionar a propietarios de los medios de comunicación y amenazar con presentar un “paquete de reformas constitucionales” regresivas, hablan de que el Presidente está muy preocupado por el resultado de la elección del próximo 2 de junio, ya que los números que tanto presume no le aseguran el triunfo, y esto lo lleva a la demencia, a la locura.
Andrés Manuel no puede admitir su derrota. Cree que su proyecto debe continuar por varios sexenios y que con Sheinbaum ello está asegurado. Está consciente, dentro de su irracionalidad de que si su “corcholata” pierde, aflorará a la vista de la población, toda la podredumbre que han acumulado y que muchos de su gobierno —con él a la cabeza— pueden terminar en la cárcel. La cadena de acciones ilegales e inconstitucionales son interminables.
Además de los insultos que ha proferido contra los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y de ser el causante de la salida de Grupo Milenio de la periodista Azucena Uresti (mi solidaridad con ella), está la amenaza de que enviará al Poder Legislativo, propuestas para que los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial sean electos, lo cual, hasta los exministros obradoristas de la Corte: Olga Sánchez y Arturo Zaldívar reconocen como “inviable”. Asimismo, desaparecer los órganos autónomos.
Al tratarse de reformas a la Constitución, queda claro que no serán aprobadas si no hay acuerdo con la oposición (a la que agrede todos los días).
Esa es una manera de seguirse metiendo al proceso electoral desde sus tóxicas mañaneras que, estoy convencido, deben ser suspendidas por el INE.
Me detengo en los órganos autónomos que quiere desaparecer, con el argumento de que: “Le cuestan mucho al pueblo, y que fueron creados para favorecer a los poderosos... (y) son producto del periodo neoliberal”.
En realidad estos órganos son instituciones públicas que tienen autonomía funcional, presupuestal y de gestión, lo que les permite actuar de manera independiente.
Dentro de ellos está el Banco de México —surgido en 1993 por reformas al artículo 28 de la Constitución— que antes era un organismo público descentralizado del gobierno federal, y entre cuyas funciones están: regular al sistema financiero y garantizar la estabilidad monetaria nacionales.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), encargado de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos sobre las actividades del gobierno, y sanciona a los servidores públicos que incumplen la ley; una demanda social de muchos años para transparentar lo que ahora el gobierno quiere ocultar: la enorme corrupción oficial.
La Cofece (Comisión Federal y Competencia Económica), responsable de evitar prácticas monopólicas y sancionar a empresas que transgredan la ley. Su eliminación favorecería el fortalecimiento del viejo “capitalismo de cuates”.
El IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), responsable de dar las concesiones y permisos en esa materia, vigila que se cumpla la ley y promueve el desarrollo de las telecomunicaciones.
También están: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para moderar el mercado de energía en favor de los consumidores; el INEGI, la Fiscalía General de la República, el Coneval (para la medición de la pobreza), el INE, la UNAM y universidades del país. (Obviamente excluye de su listado a la CNDH porque ya la controla).
En fin, todo eso incomoda al “dictadorzuelo de palacio”, que ya raya en la demencia porque quiere tener todo bajo control. Ese es el riesgo de su continuidad con Claudia Sheinbaum como proyecto nacional.
¡Vamos a evitarlo!
