Las elecciones del próximo 4 de junio en los estados de México y Coahuila cambiarán el escenario político del país y serán el prólogo del 2024.
Los resultados en la entidad norteña parecen estar ya muy definidos en favor de la Coalición PRD-PRI-PAN, con Manolo Jiménez a la cabeza, frente a un Bloque Morenista desdibujado y con MC que no postulará candidato.
En el Estado de México, las contiendas serán muy competidas, ya que, aunque según encuestas, la desprestigiada candidata morenista Delfina Gómez aparece con 8 o 10 puntos de ventaja sobre Alejandra del Moral, las campañas seguramente modificarán esos números como lo hemos visto en otras elecciones.
Tan sólo recuérdese que el 2022 en Durango Esteban Villegas inició con 13 puntos abajo y ganó con 15 de ventaja. Además, del Moral hizo su precampaña solo por el PRI y apenas acaba de rendir protesta por el PAN, PANAL y PRD respectivamente, en eventos que mostraron las grandes fortalezas políticas y territoriales de los 4 partidos (el PRD efectuó una asamblea de más de 20 mil militantes). Y MC no postulará candidato, lo cual es una nueva variable.
Si la coalición Va por México gana estas elecciones se generará la percepción de que Morena-AMLO no son invencibles, que el 2024 será de pronósticos reservados y que no es verdad, como muchos piensan, que el partido pejista tiene asegurada la próxima presidencia. Si Morena gana, la oposición estará obligada a redefinir estrategias.
Los comicios de este año se desarrollarán en un ambiente de creciente polarización impulsada desde la presidencia de la república, con reformas electorales regresivas ya puestas en vigor, aunque impugnadas por toda la oposición ante la Corte, exigiéndole que sean derogadas.
Precisamente el rechazo a dichas reformas, que ponen en riesgo el derecho al voto libre y democrático de la ciudadanía, fue lo que provocó las masivas protestas del pasado 26 de febrero, convocadas por múltiples organizaciones de la sociedad civil.
Esto ha colocado a la SCJN en una situación inédita, de cara al país entero, porque está en juego el futuro inmediato de México en todos los sentidos. Ante eso, el titular del Ejecutivo ha arreciado sus ataques contra el Poder Judicial con el objetivo de presionarlo y obligarlo a que falle en su favor.
Esta demostración de fuerza de la Sociedad Civil la ha ubicado con evidente centralidad en la vida política nacional, y ha enviado un contundente mensaje a los partidos políticos en el sentido de que éstos ya no pueden ni deben decidir por sí solos las principales candidaturas para el 2024, especialmente la Presidencial, de la CDMX y las 8 gubernaturas que se disputarán en ese año.
El PRD y voces civiles muy reconocidas y acreditadas están exigiendo que estas candidaturas resulten de un proceso conducido por la propia Sociedad Civil, con mecanismos democráticos, transparentes, incluyentes y con amplia participación ciudadana, haciendo uso de las plataformas que las nuevas tecnologías permiten.
Esto les dará, de entrada, una legitimidad democrática, contrariamente a lo que sucederá con el dedazo presidencial. De lo contrario, se estaría empezando a labrar el camino de una derrota opositora.
La Coalición, entonces, habrá de ser de partidos políticos y sociedad civil. Y habrá de seguir insistiendo en que fuerzas como MC, se incorporen a esa amplia alianza.
Junto a ello, es necesario insistir en que, desde el 2023 y –especialmente- en el 2024, se instauren obligatoriamente “gobiernos de coalición” como expresión de la democratización y ciudadanización institucionales del poder político, para evitar distorsiones y regresiones como las que hoy padecemos.
Y como contenido de estos gobiernos, habrá de estar el compromiso de poner en marcha programas de centro democrático, con una gran densidad social, ya que la gente quiere soluciones urgentes a sus más sentidos problemas cotidianos.
Ahí estará la garantía para enfrentar exitosamente la embestida irracional, a niveles de desesperada locura, del presidente de México. Eso no debe continuar.
