De las muchas acciones o inacciones de la administración del presidente López Obrador que sorprenden, destaca por su centralidad a todo buen gobierno la pasividad sobre los ingresos fiscales. En materia de finanzas públicas, el concepto que domina la atención de medios, especialistas y ciudadanía es el “déficit público”. Poco a poco, éste ha venido ocupando un sitio preminente en el debate sobre finanzas públicas sin una reflexión previa suficiente acerca de qué tan adecuado y conveniente es.
Hoy, el argumento central en política macroeconómica es que la administración de AMLO se compromete a mantener ese déficit (sin inversión de Pemex) cercano a cero del PIB, de lo que se colige la estabilidad financiera. Esa afirmación es cuestionable, pero mucho más cuando el “déficit fiscal” se evalúa en comparación con otros, entre los que destacan los de materia social (alimentación, salud, educación, agua, pensiones) y de seguridad. Las revueltas en varios países, incluída América Latina, muestran que la insatisfacción de la población deriva de lo que perciben como carencias en diversos rubros. Dichas carencias se definen en términos absolutos, y también en función de expectativas de mejoría.
La administración del Presidente Fox mantuvo el déficit fiscal promedio en 0.4% del PIB; la de Calderón en 1.7%; la de Peña Nieto, en 2.4%. Hubo relativa estabilidad y reconocimiento de los mercados y las instituciones financieras internacionales. Por contrapartida, perduraron déficits sustanciales de los bienes y servicios públicos que el Estado proporciona a la población. Trece millones de mexicanos sobrevivieron sin acceso a salud básica; millones de niños carecieron de educación básica y media superior de calidad; se padecieron 12,398 homicidios dolosos por año con Fox, 17,256 con Calderón, y 20,576 con Peña Nieto; en 2018, cuando menos 21 millones de mexicanos no lograron los mínimos alimentarios; 52.4 millones se situaron en pobreza, y no menos de 30 millones realizaron actividades en la informalidad. Los congestionamientos urbanos representan un costo per cápita de 3,785 pesos por año. Esos déficits sociales sustantivos son los relevantes para la población
Las carencias sustantivas son las que deberían preocuparnos y ocupar a los gobernantes para su corrección. Pero no vale equivocarse, eso no quiere decir que se justifique romper con el equilibrio fiscal. ¿Entonces? Lo que significa es que es imposible (ingenuo) plantear una ampliación efectiva de las políticas sociales sin un aumento correlativo en materia de ingresos fiscales.
Como se ha analizado en este espacio, la brecha de México en materia de ingresos fiscales es del orden de 16.5% del PIB, esto es, el promedio de los países federales de la OCDE genera ingresos fiscales (federales, estatales, municipales, y de seguridad social) que exceden los de México por más de 16 puntos. Por eso no extraña que en algunos rincones de México se expresa cada vez con mayor claridad y fuerza el reclamo de salir de esta “precariedad fiscal”, como prerrequisito para alcanzar estadios superiores de desarrollo y bienestar. Así se escuchó fuerte en el Foro sobre federalismo fiscal, organizado por EL UNIVERSAL y varias casas de estudios, en Coahuila la semana pasada.
Lo preocupante es que la reflexión sobre el acontecer nacional se está dando de manera tan dislocada, desestructurada, y agolpada en el tiempo, que el asunto central de cerrar los déficits sustantivos (en un marco de estabilidad financiera) por la vía de generar mayores ingresos públicos aparece muy abajo y sólo ocasionalmente entre las prioridades de las políticas públicas del país. Se está cometiendo el mismo error de los gobiernos anteriores, mismos que AMLO tanto critica y denomina neoliberales. ¿Habrá esperanza de que esto se rectifique durante la administración de López Obrador?
Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA
