El informe Medición de Pobreza 2020 del Coneval confirmó la horrenda situación del sector salud de México. La reflexión sobre ese tema, de máxima importancia para la ciudadanía, tiene dos características. Primera, que es limitada y se concentra en el corto plazo. Segunda, que no se ha reflejado en resultados desde la última década. El país quedó inmóvil después de la creación del Seguro Popular en 2003 durante el sexenio de Vicente Fox, bajo la batuta del secretario Julio Frenk. Una revisión de la política pública en salud produce frustración y gran tristeza.
Quizás por el efecto avasallador de las conferencias de prensa matutinas del Presidente López Obrador, y del análisis frenético de la pandemia de Covid 19, la reflexión profunda y sistemática de la salud está prácticamente en el abandono.
Un texto publicado en 2016 (El Universal febrero 25) permite constatar con tristeza que de la agenda de salud que se anticipaba entonces, poco, muy poco, se ha llevado a cabo: no ha habido cambios significativos por el lado de la oferta de servicios de salud; no se ha avanzado en la “portabilidad” de los servicios y continúan las duplicidades e
ineficiencias derivadas de esta estructura; tampoco ha aumentado la subrogación, que permitiría que los particulares contribuyeran a proveer servicios de salud en apoyo con las instituciones gubernamentales; y, por ende, las afectaciones para la salud en términos de bienestar, distribución del ingreso, productividad/competitividad siguen ahí.
En el sexenio de Peña Nieto apenas se logró mantener la afiliación al Seguro Popular, lo cual hizo que ésta se rezagara respecto al programa previsto para eventualmente alcanzar cobertura universal. Algo se avanzó también en rediseñar la mecánica hacia una adquisición consolidada de medicamentos, esfuerzo que se vio enturbiado por sospechas o hechos de corrupción.
Al iniciar el programa en 2004, la afiliación al Seguro Popular representó 5.1% de la población total, para 2006 aumentó a 14.6%, 45.2% para 2012, y se redujo a 42.7% a fines de 2018. Además, en dos décadas no se ha avanzado nada en la portabilidad de los servicios.
En 2018 la 4T irrumpió prometiendo lo de siempre “salud para todos” y la creación del Insabi; cambió de rumbo y tiró por la borda lo poco o mucho que México había avanzado hacia un sistema universal de salud, a pesar de que la retórica presidencial afirme lo contrario. El debate sobre la política de salud se adentró en el túnel del tiempo.
En los hechos, mientras se siguen debatiendo las deficiencias en la concepción e implementación del Insabi, se ha perdido la visión de conjunto que recordó de manera dramática el estudio de Coneval.
Como rehenes de la retórica de la 4T sobre salud y pandemia, que se actualiza a diario, perdimos la noción dramática de esos 35.7 millones de mexicanos en el desamparo de salud. En el 2000 56.9% de la población no contaba con afiliación a algún servicio de salud. Con el Seguro Popular, en 2005 disminuyó a 49.8%, para luego observar una acelerada ampliación de cobertura de tal que para 2012 solo 21.5% carecía de ésta. Ahí perdió impulso, ya que para 2018, el 16.2% carecía de servicios de salud. Al llegar 2020, en medio de la pandemia, 28.2% de la población no contaba con acceso a salud, un retroceso sin precedente con AMLO.
A ese resultado central de pérdida de cobertura se agregan otros fracasos de la política de salud. Por una parte, el intento de ordenar el abasto de medicamentos se convirtió en lo contrario: una gran carencia de medicamentos de toda índole, sobre todo para cáncer infantil, y un daño mayor a la industria farmacéutica nacional y a los pacientes en general.
La política de salud que ha estado a la deriva, igual que otras, ya se perdió en el túnel del tiempo.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
