Buen número de mexicanos se encuentra en estado de crispación. Las causas son múltiples, aunque reciben más atención aquéllas vinculadas con temas políticas y la polarización inducida por AMLO y Morena. El 34% de la población manifiesta que el país se encuentra hoy peor que hace un año, y el 27% que el próximo año estará peor (GEA-ISA, marzo). Interesa identificar algunas de esas otras causas que hoy contribuyen a esa crispación.
A la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y del pésimo manejo de la economía mexicana, se suman otras calamidades. Una de gran relevancia es la situación de las telecomunicaciones, cuya infraestructura ha sido rebasada por las demandas del trabajo en casa y del confinamiento.
Parecería que durante las últimas semanas esto ha hecho crisis: en diversas regiones del país los teléfonos celulares no se conectan, las llamadas tienen pésima calidad, el internet se ha vuelto intermitente y cada vez más lento, la conexión con las instituciones financieras para realizar transacciones se vuelve muy difícil por falta de capacidad del internet, la atención a clientes de las empresas que prestan servicios de telefonía celular e internet es desastrosa. Ante esta situación, las autoridades y reguladores dicen poco y hacen menos. En el IFT están vacantes dos de sus siete comisionados.
El rezago de México en materia de telecomunicaciones es muy grave. Las brechas se dan en todo: en México 68% de la población tiene acceso a internet, mientras que en la OCDE es 84%; la velocidad de conexión promedio de banda ancha es 40 megabytes por segundo (Mbps); Brasil 58, Chile 108, Corea 142. La brecha más grave es la que se refiere a las iniciativas de conectividad de banda ancha, pues mientras que en Chile, Brasil y Colombia tienen objetivos precisos de velocidad y cobertura, en México no. Además, en cada uno de esos países se constituyeron fondos para financiar su estrategia de conectividad, en México no.
La política de “Internet para todos” es por demás difusa. Hasta donde se sabe, se busca crear 200 mil puntos de conexión adicionales, para un número indefinido de personas. Los recursos comprometidos para eso son 11 mil millones de pesos, claramente insuficientes en opinión de los expertos. La falta de concreción de las aspiraciones de la política pública en la materia se revela en el Plan de Negocios 2021-2025 de la CFE, que dedica sólo siete líneas a los objetivos y estrategias de “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”.
De los múltiples daños que este atraso causa, destacan aquéllos sobre la educación en el periodo de suspensión de clases presenciales, que es mucho más pernicioso para las clases más necesitadas. La OCDE informa que en México sólo 2.1% de los estudiantes de primaria de familias pobres cuentan, en su casa, con una computadora conectada a internet, en comparación con 43.0% Argentina y 41.3% en Chile. Para las clases medias, la cobertura aumenta a 45.6% en México, 85.3% en Argentina y 76.1% en Chile. Esa cruda realidad ha creado un costo inconmensurable para millones de familias mexicanas que se ha agudizado durante la pandemia.
Ante esta tragedia estructural, de nuevo la solución del gobierno es populista: “Internet para todos”, sin un programa claro, a cargo sólo de CFE, y sin asignarle los recursos necesarios para lograrlo.
Para Ripley:
“El INE debe morir y desaparecer”.
Presidente de GEA Grupo de Economistas / StructurA
