Transcurrió el primero de los cinco meses rumbo a la elección de junio. Morena y los partidos de oposición están cada vez más activos preparándose para la contienda. Por eso y por la naturaleza misma del innovador planteamiento, resulta de particular interés y relevancia analizar los “Principios básicos de candidaturas de la alianza” divulgados por la alianza Va por México. Sorprende la poca atención que han recibido.
Se trata de una propuesta bien estructurada y precisa, que parte de reiterar los diez objetivos de la alianza Va por México. Es una propuesta por demás fresca y novedosa, pues define los compromisos que los candidatos de dicha Alianza suscribirían de ser postulados por cualquiera de los tres partidos de oposición, independientemente de su filiación previa.
Los 10 objetivos son relevantes y de interés para el electorado. En especial el objetivo “1. Restituir la democracia”; los candidatos de la Alianza se comprometen a votar por evitar la antidemocrática sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados; contra la eliminación o debilitamiento de órganos autónomos; en favor de evitar la “normalización” de la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en materia presupuestal y evitar su uso político-electoral; y, hacer vinculantes las conclusiones de ejercicios de parlamento abierto. Se trata de compromisos deseables.
Para el objetivo “2. Recuperar nuestra seguridad”, quienes sean candidatos votarán para agregar “seguridad humana” como derecho en la Constitución; porque el presupuesto en seguridad aumente en al menos 1% del PIB, y por crear un servicio civil de carrera policial; por triplicar el presupuesto para el Poder Judicial, y por aumentar el presupuesto a los ministerios públicos (0.25% del PIB adicional), anhelos añejos.
Con el propósito de “3. Desterrar la corrupción”, los candidatos votarían para reorganizar y fortalecer el sistema de defensoría pública; a favor de una ley que limite las facultades del Ejecutivo para modificar el PEF aprobado por el Congreso; y, para prohibir el uso de efectivo en el gobierno.
A favor de la “6. Justicia social y el apoyo a la población pobre y vulnerable”, votarán la creación de un sistema de seguridad social integrado, que proteja salud y pensiones; por la creación de un “ingreso básico alimentario” para la población en pobreza extrema y con discapacidad; a favor de condicionar el gasto social al prerrequisito de un padrón público de beneficiarios.
En lo que toca a “7. Salud con dignidad para todos”, los candidatos se comprometerían a votar por aprobar un PEF que incluya 4% del PIB para salud, y por una Ley de Emergencia para reglamentar el combate al covid-19; y, a crear una instancia ciudadana que vigile el uso de los recursos para salud.
En materia de “8. Educación de calidad para la niñez y juventud”, votarían para restituir la calidad en la educación en el artículo 3 de la Constitución; para incorporar en ley mecanismos de medición de su calidad; y, para aprobar el PEF sólo si incluye recursos suficientes para la “universalización” de la educación.
Para los objetivos en economía inclusiva, el campo, igualdad de género, discriminación, y medio ambiente, los candidatos también suscribirían compromisos claros para su actuación en el Congreso.
Con esos principios y compromisos, la alianza Va por México sienta un valioso precedente para el futuro de la democracia. No más legisladores que no representen a la ciudadanía. Los tiempos exigen acciones inéditas y el involucramiento de todos.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
