El análisis de la consulta popular de agosto 1 se concentra en el significado de la baja participación ciudadana, y en sus causas. Omite reflexionar sobre el aspecto más importante, que es lo numeroso de quienes decidieron no acudir a las urnas, cuando en los hechos esto es lo más relevante.
Hay ciudadanos que no simpatizan con el Presidente López Obrador o con Morena y que, por ese hecho, decidieron no participar. Otros mexicanos quedaron con muchas dudas por la intervención de la SCJN, ya que, ante una pregunta mal planteada por el Presidente y con el afán de “salvar” la consulta, en un receso reformularon la pregunta en un texto incomprensible. Otros más, simplemente no aceptan que deba ponerse a consulta el cumplimiento de la ley pues, en caso de haber evidencia de corrupción acerca de alguna persona, incluyendo exfuncionarios, la ley debe de aplicarse de inmediato sin una consulta.
Por otra parte, algunos consideran que la consulta popular representaba un experimento de AMLO en preparación de aquella para la revocación de mandato, que a su vez entienden como un intento de López Obrador para perpetuar a la 4T en el poder.
Muchos ciudadanos quedaron confundidos con las expresiones contradictorias de AMLO, ya que por un lado impulsaba la consulta y, por otra, decía que él no creía en la venganza y que, en su caso, él votaría contra la propuesta. Ni siquiera acudió a las urnas.
Como resultado, 87.3 millones de ciudadanos no fueron a las urnas, lo que no quiere decidir que no hayan expresado su posición. En la pasada elección se abstuvieron 45.1 millones, por lo que se puede interpretar que al menos 42.2 millones adicionales no participaron en la consulta, lo cual resultó la forma más directa y fácil de manifestar que coinciden con una o todas de las situaciones anteriores.
Debe subrayarse que a pesar de sus resultados, la consulta popular ya quedó arraigada en la vida democrática del país, correspondiendo a AMLO el mérito de la iniciativa y al INE su impecable ejecución. La experiencia de esta consulta también indica que la Ley Federal de Consulta Popular acertó en lo fundamental, pues permitió que esta se materializara a partir de uno de los tres mecanismos que establece para proponerla: solicitud del Presidente de la República. Queda abierta la posibilidad de que para otra consulta sea 33% de cualquiera de las Cámaras, o 2% de la lista nominal de electores quienes puedan solicitarla.
Otra enseñanza es que las cosas deben hacerse bien. ¿Cómo exigir que se realice un ejercicio de esta magnitud e impacto político sin que exista la normatividad aplicable? Para no operar a oscuras, el INE definió lineamientos detallados, que fueron del conocimiento de todos los grupos políticos con anticipación, y que delegaron decisiones importantes a los Consejos Distritales del INE, éstos últimos incluyen representantes de los partidos políticos.
Es menester leer bien la consulta. Quienes no asistieron hablaron fuerte y claro. Para entenderlo hay que querer hacerlo.