Dado que está cerrándose una etapa de la administración de López Obrador y, por tanto, de la 4T, se han profundizado las dudas y preocupaciones acerca de la situación y el futuro político de México. Es sintomático que esa reflexión “política” está limitada a especular en torno al cambio de gobierno en 2024, lo cual es insuficiente y erróneo.
Primero, porque es equivocado pensar que después de la profunda destrucción institucional que padece México bajo la 4T, con otro gobierno las “cosas” pueden regresar a ser como eran. El país será otro a partir de 2025. Segundo, porque el triunfo electoral de AMLO y el lanzamiento de la 4T son evidencia suficiente de que el modelo económico se había agotado; debido a las crecientes diferencias de ingresos entre grupos socioeconómicos, al dominio de una cleptocracia, y la disfuncionalidad de la plutocracia mexicana.
Tercero, el sistema político también se había desgastado, por una división de poderes plagada de simulaciones, por frustración acerca de las reglas de coexistencia entre los poderes de la Unión, incluyendo un Judicial ahogado en su corrupción e incompetencia, y por el colapso del federalismo mexicano, en donde se llegó al punto de que los gobernadores no sabían o reconocían sus funciones y obligaciones, pues enfrentaban un Ejecutivo que no los deja respirar (ayer se aprobaron los “superdelegados”). Además, a pesar de la mejora gradual de la estructura electoral mexicana, perduraba insatisfacción con el estado de la democracia, debido a un creciente desprestigio de los partidos políticos, que desembocó en un amplio rechazo del electorado. Sin un sistema de partidos políticos operativo, aunque el aparato electoral funcione bien, la democracia no florece.
Dado lo anterior y el desempeño de la 4T, ahora es razonable considerar que se necesita un nuevo sistema. Pero, ¿qué significa esto? i) ¿cambiar de un régimen presidencial a otro parlamentario? ii) ¿un sistema electoral con segunda vuelta? iii) ¿un nuevo pacto federal en cuanto a distribución de facultades políticas y administrativas entre el Gobierno Federal y las entidades? iv) ¿un pacto de coordinación fiscal que defina una nueva distribución de la recaudación, más equitativa y que recaude más? v) ¿incrementar los ingresos públicos como porcentaje del PIB? vi) ¿otra distribución de funciones y capacidades entre federación, estados y municipios, en materia de seguridad, educación y salud? vii) ¿reglas distintas en materia de reelección (excepto presidencia de la República)? viii) ¿una efectiva libertad de expresión? ix) ¿una fuerza pública que garantice la seguridad de personas y bienes? x) ¿la autonomía del Banco de México? xi) ¿participación de las fuerzas armadas en funciones administrativas y económicas? xii) ¿afianzamiento de la competencia económica?
Existen muchos otros aspectos que deben considerarse para un eventual “cambio de sistema”. Si bien hasta hace poco parecía una hipótesis poco probable, conforme se profundiza la destrucción institucional, el deterioro de las capacidades del gobierno y su acción autoritaria, “un cambio de sistema” se vuelve más y más probable.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
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