El proceso de “normalización” de realidades adversas en el país avanza constante e ininterrumpidamente. Una por demás preocupante es el avance de la extraterritorialidad, entendida como la pérdida de control del territorio por parte del Estado. Como muestra del grado que ha alcanzado, considérese la celebración en Tlacotepec, Guerrero, la semana pasada, por los cinco años de la “policía” comunitaria, con un desfile de 3 mil elementos armados. En esa geografía ni las autoridades civiles ni las militares ejercen control alguno, y la población expresa estar satisfecha, y hasta contenta, con el status quo. Lo grave es que este fenómeno se vive en muchas comunidades en otros estados de la República.
Es difícil contar con indicadores específicos acerca del alcance de la extraterritorialidad. Algunos han avanzado estimaciones infundadas, por ejemplo, el general VanHerk, jefe del Comando Norte del ejército estadounidense, quien señaló que 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Menuda advertencia que de inmediato fue descalificada por autoridades mexicanas, sin aportar ninguna información dura. Se conocen también historias de carreteras o regiones específicas que se “cierran” a la circulación durante la tarde y hasta la madrugada, por advertencia y amenaza de criminales.
El caso más connotado es la vía Monterrey-Nuevo Laredo, así como las regiones de Aguililla, Michoacán; Palmas Altas en Zacatecas, y 12 municipios de la región Centro de Guerrero, y 9 de la región de la Montaña; entre muchas otras, algunas anónimas, donde el miedo reina.
Es lamentable que las autoridades y los gobiernos de los tres niveles no informan sobre estas situaciones y, lo que es más, eluden el tema. ¿Qué extensión del territorio de una entidad federativa se encuentra bajo control del crimen organizado, y qué tan rápido se extiende su dominio? El hecho es que México pierde territorio por hora, sin que esta tragedia reciba suficiente atención. Los reportes recientes en materia de seguridad se refieren, de manera no sistemática y sin indicadores homogéneos, a zonas y localidades específicas, utilizando vocablos como “se controló la situación” o “se intensificó la presencia de la Guardia Nacional”, información que no se puede agregar ni comparar y, por lo tanto, no permiten contar con un indicador real de quién va ganando ese proceso de pérdida de soberanía interna.
También es paradójico que las autoridades festinen el acelerado aumento de las remesas del extranjero como un éxito de la 4T, sin reconocer que parte de esos flujos no se derivan de nuestros paisanos en el extranjero, sino de más repatriaciones de recursos del crimen organizado. Se ha denunciado que, por su monto, el flujo no solo incluye remesas (Castañeda Morales). Además preocupa el acelerado ritmo de incremento de esos flujos monetarios, pues durante los últimos tres años han aumentado 53.2% (2018-2021) con información de Banxico. En algunas entidades los flujos se han duplicado, sin que la actividad económica haya aumentado a la par, por ejemplo, Chiapas, Tabasco y la CDMX; el caso de Quintana Roo está sujeto a mayores dudas por la extraordinaria dinámica del turismo, en paralelo a actividades criminales; es conocida la rápida extensión del cobro de derecho de piso y del narcomenudeo en las principales poblaciones de la entidad.
La lista de inquietudes y preguntas es muy extensa, pero ninguna recibe respuesta satisfactoria de las autoridades. El aumento de la extraterritorialidad, por presencia de crimen organizado, es quizá la catástrofe más preocupante que se vive en México, pues representa una pérdida permanente de espacio vital y bienestar para los mexicanos.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
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