La renuencia y rechazo de Andrés Manuel López Obrador a leyes y disposiciones es conocida. Desde su campaña se sabía de su reticencia a cumplir la ley, lo que preocupaba dada la urgente necesidad de fortalecer el estado de derecho en México. Cuatro años de gobierno de la 4T han dejado muy claro que esas preocupaciones eran válidas y fundadas. En este período se han dado una serie de violaciones a normas, disposiciones y leyes, desde las más sencillas, como realizar adquisiciones sin licitaciones públicas, hasta las más complejas como eludir el cumplimiento de acuerdos del T-MEC recurriendo a argumentos que rayan en lo esotérico, como daños del maíz transgénico a la salud.
Ahora se presenta una situación aún más ominosa para la legalidad: una propuesta para reformar 23 leyes en materia administrativa que, de aprobarse, introducirían una ventaja clara para el Estado en sus relaciones económicas y comerciales con particulares. Buscan inclinar la cancha a favor del gobierno, “legalizando” prácticas como las siguientes: I) Que el Estado revoque permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ante hechos que afecten el interés público, social o general. Sí, todo cabe en ese enunciado. II) Que declare nulos de oficio o a solicitud de parte interesada actos administrativos. III) Limitar el monto máximo de la cláusula “exorbitante” que se incluirá en todos los contratos como “indemnización” por la terminación anticipada y unilateral de contratos por parte del gobierno o sea que la reparación del daño para el particular será establecida estatutariamente. IV) Fijar límites máximos a las indemnizaciones que resulten de arbitrajes internacionales. V) Eliminar el resarcimiento por daños cuando la terminación anticipada de un contrato sea por causas de interés público. VI) Que el gobierno pueda recuperar los inmuebles que haya dado en garantía en un plazo no mayor a 72 horas, tras el incumplimiento de los particulares. VII) Privilegiar al gobierno con el “principio de confianza”, que le permitirá iniciar obras y proyectos sin los permisos requeridos.
Por otra parte, estas reformas reintroducen el objetivo de limitar las remuneraciones de los funcionarios públicos al sueldo del Presidente. Se aprovecha esta nueva oportunidad para insistir en la obsesiva centralización de los sueldos (y prestaciones) de funcionarios públicos. También se aprovecha el viaje para reiterar las prohibiciones para que funcionarios públicos no puedan prestar sus servicios a ciertos particulares hasta diez años después de haber dejado el cargo.
En México está muy extendida la percepción de que en conflictos judiciales casi siempre gana el gobierno. De aprobarse estas reformas la probabilidad de que efectivamente prevalezca el interés jurídico del gobierno aumenta exponencialmente. Se trata de una amenaza de afectación generalizada de los intereses de los particulares al interactuar con el gobierno.
El sesgo jurídico que introducen estas iniciativas afecta a nacionales y extranjeros por igual, constituyendo otro factor para desaminar a inversionistas de toda nacionalidad.
¿Qué da sustento a este rechazo de dar certidumbre jurídica a los particulares? La respuesta está muy profunda en el ánimo de AMLO y sus seguidores de la 4T. No hay sorpresa por la amenaza implícita en esta iniciativa, pero sí se lamenta el daño que entraña para el funcionamiento de la sociedad y la economía de México, pues el pueblo bueno también se vería afectado en caso de que los legisladores aprueben esta iniciativa.
