En este espacio se ha señalado que la situación de las finanzas del gobierno no es tan sólida como se sostiene y que la posibilidad de que se materialice un aprieto mayor es real (JRH, El Universal, enero 6, 2022). Con el transcurso del tiempo parecería que ese quiebre podría posponerse hasta después de 2024. Diversos observadores de las finanzas gubernamentales y analistas han señalado reiteradamente esa posibilidad. En un símil de quien repite: “Ahí viene el lobo”, el señalar esa posibilidad y que no se concrete ha desgastado a los críticos y al gobierno.
Desde principios de este año, las finanzas públicas se han deteriorado sustancialmente y presentan márgenes reducidos para la acción del gobierno. Al cierre del primer trimestre de 2023, el déficit gubernamental en su definición más amplia (Requerimientos Financieros del Sector Público, RSFP) ascendió a 185 mil millones de pesos (mmp), monto 44% superior en términos reales al del mismo periodo de un año antes, un crecimiento alarmante.
Las autoridades han enfrentado esta problemática buscando aumentar sus ingresos, tanto por impuestos del gobierno federal como por ventas del sector paraestatal. El déficit del gobierno federal (234 mmp) fue parcialmente compensado por un superávit de organismos y empresas por 115 mmp. Esa política ha tenido implicaciones muy negativas para los beneficiarios de las instituciones de seguridad social. Las quejas por falta de servicios de calidad que abundan responden directamente a esta “apretura” presupuestal que ha inducido el gobierno.
En cuanto a los ingresos tributarios del gobierno federal, estos muestran una debilidad creciente; por ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue 4.3% real anual menor que un año antes, la recaudación por IVA se contrajo 6.4% y la proveniente del IEPS aumentó 12.7%, debido a la importante disminución del subsidio a las gasolinas.
Las autoridades también se han esforzado para reducir el gasto. En una coyuntura de austeridad extrema, el gasto programable se redujo 10.9% con el propósito de “acomodar” un aumento de 46.3% del costo financiero de la deuda pública; la deuda interna aumentó 8.7% respecto al saldo del año anterior. El gobierno recibió menos ingresos y tuvo que pagar más intereses por la deuda pública, por lo que se vio en la necesidad de reducir el llamado gasto “no programable” que corresponde a la gran mayoría de las dependencias gubernamentales. Con el proceso se observa cómo aumentan las colas para obtener bienes y servicios del gobierno y se deteriora la calidad de los mismos.
El punto es que todo anota a que de aquí hasta el final de la administración actual de Morena aumentará aún más el costo financiero de la deuda pública, obligando a las autoridades a reducir aún más el gasto público general. Se estima que con los déficits proyectados por el gobierno y el endeudamiento adicional que estos conllevarán, el costo de la deuda aumentará.
Esta evolución previsible de las finanzas del gobierno se ubica como una de las principales determinantes del futuro económico del país durante los próximos semestres. Es difícil establecer qué parte de ese deterioro se dará en la administración actual y cuál en la próxima. Lo cierto es que se agotaron los márgenes para evitarlo. El lobo ya se asomó y sólo queda enfrentar las consecuencias.